Utimátum a vecinos de Reocín para que abandonen el pueblo

El delegado del Gobierno en Cantabria ha dado un plazo de 48 horas a los cinco vecinos de Reocín que se niegan a abandonar la zona de explotación de la mina a cielo abierto para que acepten voluntariamente la ejecución del decreto ley de expropiación forzosa aprobado por el Consejo de Ministros del mes de septiembre pasado, transcurrido el cual, se procederá a su desalojo y al derribo de las viviendas. Hasta el último momento, el alcalde de Reocín, Vicente Sainz Martín, ha intentado, sin éxito, mediar entre las partes, a lo que se han negado sistemáticamente los últimos habitantes de la citada localidad cántabra.Rodeados de casas semiderruidas y material de la explotación minera, los cinco vecinos de Reocín que se negaron a entrar en la negociación global con la empresa Real Compañía Asturiana de Minas (RCA), explotadora de la veta de zinc asentada sobre el lugar ocupado por esa localidad, persisten en su actitud, a pesar del acuerdo del Consejo de Ministros. El pasado mes de octubre se notificó a los cinco vecinos la ejecución inmediata del decreto de expropiación, a pesar de lo cual, permanecieron en el lugar. A partir de ese momento, la RCA de Minas suspendió los trabajos de voladura a ciclo abierto en la proximidad de las viviendas ocupadas, en evitación de posibles accidentes.

Un portavoz de la empresa señaló ayer a EL PAIS que, desde el momento en que fue aprobada la expropiación, no era competencia suya el obligar a los cinco vecinos a abandonar el pueblo, sino de la autoridad judicial y gubernativa. Esta última, tras varias semanas de silencio, ha optado por notificar el ultimátum de 48 horas para el abandono del pueblo, plazo que expira en la mañana del próximo domingo. Entre tanto, la producción de la mina se ha visto reducida a un tercio del volumen normal de extracciones, dado que la veta más importante se halla en la zona donde residen los vecinos. De no solucionarse de inmediato el problema, manifestaron fuentes de la empresa, se presentaría una nueva regulación temporal de empleo como la que, a principios de septiembre, afectó a cerca de un centenar de trabajadores de la RCA.