Diferencias en tornoa la próxima reunión ministenal del GATT

Italia y Francia manifestaron su desacuerdo por el texto de compromiso elaborado por el Consejo del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) documento que servirá de base para la próxima reunión ministerial del 24 al 27 de noviembre en Ginebra. Los dos miembros de la CEE estiman que la parte destinada a los problemas agrícolas favorece especialmente a España, en los momentos en que este país negocia su entrada en la Comunidad.A pocos días de iniciarse la conferencia ministerial del GATT, ha podido, finalmente, ser aprobada la agenda definitiva de la reunión, que a partir del lunes 24 reunirá a 87 ministros de Economía de todo el mundo. El texto, considerado como proyecto de compromiso que no satisface a nadie, según la opinión de Felipe Jaramillo, portavoz del grupo de los países en desarrollo, al menos permite un acuerdo que propicia iniciar la conferencia.

Los principales puntos de la agenda se han centrado en dos aspectos candentes y que están lejos de satisfacer a todo el mundo. Una parte, relacionada con los principios generales, prevé un llamamiento a todos los países miembros de abstenerse en la adopción de nuevas medidas proteccionistas en los mercados interiores. Este capítulo no satisface a la delegación de Estados Unidos, cuyo embajador, Mikel Brok, ante las dificultades del Consejo del GATT en la elaboración de la agenda definitiva, arnenazó que en el caso de que la conferencia ministerial sufriera retrasos, Estados Unidos adoptaría medidas proteccionistas.

Otró capítulo de la discordia lo constituye la parte relacionada con los problemas agrícolas. El proyecto en cuestión prevé incluir la agricultura en el sistema multilateral de intercambios comerciales. A juicio de los miembros de la CEE, esta es una cuestión que los países europeos del organismo ya han arreglado. Para las delegaciones de Italia y Francia, abrir las fronteras comerciales en el campo de la agricultura significaría que los países no miembros de la CEE, como el caso de España, verían sus productos agrícolas comercializados como si se tratara de miembros a parte entera.