Contra la retirada de la LAU

La retirada de la LAU por el Gobierno, justo en el momento en que iba a ser discutida por el Pleno del Congreso, pone una nueva nota de amarga ironía a la incapacidad política del partido mayoritario para abordar con perspectivas globales la solución de los problemas universitarios. Quienes mantuvimos un silencio expectante en los últimos meses considerábamos la urgencia ineludible de un marco jurídico para la universidad, por limitado que pudiera ser en sus planteamientos y, sobre todo, manteníamos que era hora, tras cuatro años de acuerdos sin fruto, de que las Cortes hicieran ejercicio de su capacidad legisladora.Pero ese necesario marco jurídico fue fundamentalmente entendido como plataforma de desacuerdo de intereses sólo corporativos y las competencias legisladoras de las Cortes han sido cortocircuitadas. El retraso en la solución de problemas universitarios básicos favorece el mantenimiento de privilegios estamentales, y de sus consiguientes desigualdades, lejanos de cualquier concepción racional del quehacer científico y de una mínima modernización de una institución generadora y transmisora de cultura y conocimiento, como debe ser la universidad, al mismo tiempo que acelera la descomposición de la imagen de la universidad pública.

Esos problemas no pueden solucionarse recurriendo a decretos-leyes que, dado el marco en el que se inscriben, podrían ser fácilmente reflejo de aquellos mismos intereses gremiales y patrimoniales que han hecho inviable la tramitación de una ley orgánica.

Y ese patrimonialismo, materializado en las presiones ejercidas por los cuerpos docentes estatales, sólo ha puesto un último acento a la patente incapacidad política de recoger y sintetizar las mil y una sugerencias formuladas desde hace ya años por los colectivos universitarios y que, paradójicamente, se convierten ahora en coartada de la ineficacia y en disfraz de presiones intra y extraacadémicas.

Ningún universitario solicitó del actual ministro de Educación y Ciencia que declarase su prontitud a dimitir si volvía a fracasar la tramitación de la LAU. Pero ahora sí se hace patente la necesidad moral de que esa dimisión sea, en efecto, presentada, aunque sólo fuese por seguir otros ejemplos de mayor coherencia política o de simple comportamiento democrático. / y veintidós firmas más. Profesores de la facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid.