Huelga en la residencia sanitaria de El Ferrol para pedir el incremento de plantilla

Un total de 618 trabajadores de la residencia sanitaria de la Seguridad Social de El Ferrol, mantienen desde el pasado lunes una huelga como medio de presión para que el Ministerio de Sanidad cumpla su promesa de incrementar en 51 nuevas plazas la plantilla del centro. Convocado por el comité de empresa, en el que es mayoritario el Sindicato Galego da Sanidade, el paro tiene en realidad un carácter simbólico, ya que la insuficiencia de personal obliga al empleo de toda la plantilla existente para cubrir los servicios asistenciales mínimos.

Representantes del comité han mantenido a lo largo de la semana entrevistas con autoridades sanitarias de la Junta de Galicia, aunque el conflicto excede el área de competencias del Gobierno autónomo. Las negociaciones con el Insalud provincial, organismo sobre el que los trabajadores cargan una parte sustancial de la responsabilidad por el actual estado de cosas, no han supuesto hasta ahora ningún progreso en el intento de que el Ministerio de Sanidad habilite los créditos indispensables para dotar las 51 plazas de personal médico, auxiliar y no sanitario, concedidas ya por la Dirección General de Planificación. Responsables del Insalud llegaron a prohibir, incluso, la entrada en la residencia de un diputado socialista que pretendía conocer directamente la situación del centro, para presentar una interpelación en el Parlamento gallego.Errores de planificación han determinado que la residencia Arquitecto Marcide, inaugurada hace sólo seis años, atraviese desde entonces una permanente situación de insuficiencia de personal, que impide el aprovechamiento completo del material médico disponible. Los 618 trabajadores de la plantilla, diseñada para un centro-tipo de doscientas camas, afrontaron desde el primer momento la atención a un número real de 316. Los índices de ocupación de la residencia -principal centro sanitario público para una comarca industrial de 300.000 habitantes- se aproximan a una media del 90%, lo que obliga a desviar consultas hacia clínicas privadas.

El comité de empresa ha hecho notar, por otra parte, la paradoja que supone la financiación estatal de centros privados -concretada, en el caso de El Ferrol, en una subvención de cuatrocientos millones de pesetas a la sociedad anónima que construye un sanatorio de este tipo- mientras subsiste la precariedad de personal y medios en el principal de los hospitales públicos.