Un centenar de presuntos afectados del sindrome tóxico han recurrido al 'tribunal de los dudosos'

El tribunal de los dudosos, establecido por la Administración para decidir sobre casos dudosos de estar afectados por el síndrome tóxico, ha resuelto su dictamen en favor de los afectados, en la mayoría de los casos. Hasta la fecha se han visto mas de un centenar de peticiones.Se conoce por este nombre al tribunal que, con carácter provincial y nacional, funciona para dilucidar los casos dudosos en torno a si una persona es o no catalogable como afectada, según los criterios objetivos establecidos al efecto.

Tienen opción de recurso ante aquel el tribunal de los dudosos aquellas personas que se muestran en desacuerdo con las decisiones médicas que no les incluyen en el registro de afectados por el síndrome tóxico.

El citado tribunal está constituído por un psiquiatra, un neurólogo, un internista, un inmunólogo, el director provincial del programa de atención y seguimiento de la enfermedad y un secretario. Semejante composición tiene el tribunal nacional, al cual se puede recurrir contra la resolución del primero. La última vía de recurso es la judicial ordinaria.

El tribunal de los dudosos trata de cumplir una función mediadora principalmente entre el médico y el paciente al que aquel ha de atender. La exigencia al médico de que remita a la autoridad judicial un dictamen sobre cada paciente al que asiste, presuntamente afectado del síndrome, lleva a los facultativos a aplicar con rigor sus certificaciones, que no siempre encuentran el acuerdo del paciente.

Las autoridades sanitarias han constatado lo que en términos psicológicos se conoce como psicosis de renta en los afectados. Esto es, el deseo de obtener un beneficio a través de la enfermedad, se esté o no enfermo, generado por el sistema de indeminizaciones y ayudas establecido.

En este sentido, se observa un incremento de las amas de casa que tienden a acogerse a los beneficios de la incapacidad laboral transitoria, lo cual "va a crear un serio problema", según fuentes oficiosas. Ante esta situación, se estudia actualmente por parte de la Administración, la alternativa de dar indemnizaciones por unidad familiar, de forma que, de paso, se corrijan discriminaciones que se han venido produciendo con arreglo a las fórmulas de aplicación de las ayudas.