El Gobierno vasco recibe sin sorpresa la negativa estatal al referéndum
La decisión del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo de desestimar la posibilidad de celebrar un referéndum para la puesta en marcha o no de la central nuclear de Lemóniz ha sido acogida por el Gobierno vasco con contrariedad pero sin sorpresa.Aunque el Ejecutivo autónomo se mantiene a la expectativa en relación a la respuesta que sobre el mismo tema debe ofrecer el presidente de la Cámara de los Diputados al Parlamento vasco, hablaba ayer de la necesidad de establecer mayores cotas de control público sobre la sociedad de Lemóniz como única alternativa. Por su parte, las fuerzas políticas que defienden posturas antinucleares se dirigían ayer al partido mayoritario del Gobierno vasco -el Partido Nacionalista Vasco, PNV- para pedirle que solicitara la paralización de las obras.
Cuando Carlos Garaikoetxea insistía en que un proyecto como Lemóniz, que ha ocasionado tantos problemas en la sociedad vasca, "no puede funcionar por decreto", se refería a la necesidad de emplazar a los sectores antinueleares a aceptar la decisión mayoritaria popular mediante las urnas, porque en el fondo estaba convencido de que el resultado de la consulta iba a ser positivo.
En este sentido, el temor a las reacciones que pueda provocar la no celebración del referéndum se dejaba entrever en las palabras del lendakari, que, en unas declaraciones concedidas a EL PAIS, calificaba de "grave error" la decisión del Gabinete de Leopoldo Calvo Sotelo: "La mejor garantía para que Lemóniz pueda legitimar el proyecto era a través de la consulta que deslegitimaría, por contra, a los que acuden a la violencia y tienen un cierto arropamiento en otros sectores honradamente contrarios a la central, que aceptarían un veredicto democrático".
En esta línea, la Comisión de Defensa de una Costa Vasca no Nuclear -importante organismo que agrupa a las fuerzas antinucleares del País Vasco en estos últimos ocho años- señalaba que un proyecto "con la larga y trágica contestación suscitada no puede imponerse a Euskadi por la razón de la fuerza".
Por su parte, Herri Batasuna señalaba que, ante la negativa del Gobierno central, "la política del PNV ha quedado por fin al desnudo". Tras, recordar que los dirigentes nacionalistas han declarado en repetidas ocasiones que si no se aceptaba el referéndum, no se cumplirían los requisitos mínimos democráticos para la puesta en marcha de la central, Herri Batasuna solicitaba al PNV que se mostrase favorable a la paralización de las obras.
Aunque el Ejecutivo autónomo hacía especial hincapié en que todavía falta la respuesta del presidente de las Cortes Generales al requerimiento del Gobierno vasco, empezaba ayer, a hablar de "mayores cotas de control público" sobre la sociedad, de Lemóniz como la única alternativa a la no celebración del plebiscito. A este respecto, el consejero de Industria del Gobierno vasco, Javier García Egotxeaga, y el responsable económico del Consejo Nacional del PNV, Juan Carlos Isasti, declaraban que, aunque no habían recibido comunicación oficial alguna, esperaban que se reanudase el diálogo entre las dos administraciones lo más pronto posible.
Las fórmulas de control, que todavía está estudiando el Ejecutivo autónomo y que pueden ir más allá de un control administrativo sobre la gestión, pero que en ningún caso implicaría la titularidad de la propiedad. "En ningún momento hemos pedido nacionalizar Lemóniz, y ahora tampoco pensamos hacerlo", declaró el vicepresidente del Gobierno vasco, Mario Fernández, que calificó de "inadmisibles" las declaraciones del secretario de Estado para la Información, Ignacio Aguirre, en relación a que se habían exagerado las atenciones al tema de la seguridad de Lemóniz. "Me parece una actitud muy frívola quitar importancia a las condiciones de seguridad de la central, después de que la comisión parlamentaria ha estado trabajando durante más de un año y cuando están pendientes las conclusiones de la auditoría".
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