La expulsión de cinco concejales recorta el poder municipal del PCE

La expulsión, ayer, del PCE de cinco de sus nueve concejales del Ayuntamiento de Madrid, por haber firmado la convocatoria del acto informativo en el que participaron Lertxundi y Onaindía, traslada la crisis de este partido, que se extiende a diversos comités provinciales, al gobierno municipal de la Corporación madrileña. El grupo socialista en este Ayuntamiento ha decidido, ante el vacío que se producirá desde el cese de los concejales expulsados del PCE y su sustitución por los designados por el comité provincial, asumir las áreas de gestión municipal hoy en manos de los ediles comunistas que deberán abandonar la Corporación.

Una vez cubierto este vacío, que se presume dilatado, dada la complejidad jurídica para que pueda regisrtrarse el reconocimiento por la Junta Electoral provincial de las expulsiones como ajustadas a derecho, los socialistas revisarán el actual reparto de responsabilidades municipales con los comunistas en eel Ayuntamiento madrileño.En esta Corporación, por la personalidad y cualificación profesional de los comunistas que accedieron al gobierno municipal en losc omicios de 1979, el pacto PSOE-PCE de ámbito estatal registra determinadas peculiaridades que, una vez desaparecidas las personas que las justificaban -primero Tamames y ahora Mangada, Palacín, Almeida, Vilallonga y Larroque- las dejan sin sentido. Así, los socialistas están dispuestos a aplicar los mismos criterios de proporcionalidad en votos obtenidos por ambos partidos para modificar el actual reparto del poder municipal.

Las áreas afectadas por la remodelación anunciada son, principalmente, Urbanismo, Educación y Circulación y Transportes.

En cuanto a la gestación de la crisis abierta en el Ayuntamiento, se espera en una primera instancia que, una vez cubierto el plazo de quince días que los concejales expulsados tienen para recurrir ante la comisión de garantías del PCE, éste comunique la expulsión en firme al Ayuntamiento, que, reunido en pleno, se dará por enterado y prescindirá de los cinco afectados por esta decisión de su partido.

En este punto, la resolución de la crisis queda en manos de la Junta Electoral provincial, a quien corresponde apreciar la legalidad de las expulsiones para, una vez aceptadas, reconocer las sustituciones propuestas por el comité provincial del PCE.

Este proceso, se espera, será muy dilatado. ya que, para que los cinco sustitutos propuestos sean aceptados, los casi 35 candidatos que figuran por delante en la lista del PCE deben renunciar a acceder al Ayuntamiento, a lo que al menos veinte de ellos no están dispuestos.

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