Denuncian supuestas prácticas especulativas en el colegio Los Angeles, en Getafe

La Asociación de Padres de Alumnos (APA) del colegio cooperativa Los Angeles, de Getafe, ha denunciado al servicio de inspección del Ministerio de Educación las que califica como prácticas antidemocráticas de los profesores del centro, que lo han convertido en un negocio privado a costa de vulnerar el espíritu que animó su construcción, el de ser un centro de interés social sin ánimo de lucro.

El colegio cooperativa Los Ángeles comenzó su gestación en 1976 para paliar la falta de puestos escolares de Getafe y la mala calidad educativa de los existentes. Los propietarios de algunos de estos últimos lanzan la idea de constituir una cooperativa con la colaboración de profesores y padres de alumnos y promover la edificación de un colegio de 32 aulas (veintiséis de EGB y seis de preescolar, lo que totaliza 1.280 plazas), dotado de técnicas modernas de enseñanza, como puedan ser comedores en condiciones, laboratorios, aulas de dirección, etcétera, entre otras cosas.La idea cuaja rápidamente y, después de una serie de entrevistas y gestiones con las autoridades ministeriales y de cumplir diversos requisitos, el futuro centro es calificado como de interés social, lo que entre otras cosas significa, según la APA, la inexistencia de ánimo de lucro. También conlleva la subvención a diez de las aulas, que a los pocos meses se amplían a otras dieciséis. Sólo quedan sin subvención las seis aulas destinadas a niños en edad de preescolar, al margen de que el mismo colegio se ha construido con un crédito en buenas condiciones facilitado por el Banco de Crédito a la Construcción.

Sin embargo, según la denuncia presentada por la APA, al poco tiempo de recibir las subvenciones, que en el curso finalizado este año ascienden a casi 43 millones de pesetas, un sector del profesorado se organiza y comienza a apartar a los padres de alumnos y a otros profesores de la dirección y la toma de decisiones del centro. Leovigildo Ruydíez, antiguo concejal de Educación en el Ayuntamiento del régimen anterior, se convierte en el máximo responsable del colegio. El nuevo equipo recaba del Ministerio la subvención de las seis aulas de preescolar (que no pueden recibirla, ya que esta modalidad de la enseñanza no está reconocida en la ley como posible perceptora de ayudas oficiales) y lo consigue. Esto no significa que las aulas de preescolar se supriman, sino que pasan a realizarse en las salas destinadas en principio a laboratorio para los alumnos de segunda etapa. De esa forma, se quedan con la subvención y con los pagos de las familias de los niños, aunque sea a costa de deteriorar la calidad del centro.

Siempre según la denuncia de la APA, los profesores continúan aplicando medidas que significan una especulación con la enseñanza. Se aumentan unilateralmente los precios de algunas actividades extraescolares, se suprimen las que se desarrollaban los sábados por la mañana, se cobra la participación en actividades deportivas y las proyecciones de cine, se incrementa el precio del autobús y se impide a los padres, alertados por estas medidas, montar su propio sistema de transporte escolar, etcétera. Llega un momento en que prácticamente se expulsa a la APA del colegio y se despide a varios profesores que no están de acuerdo con sus compañeros de la dirección.

Ante la serie de denuncias presentadas por los padres de alumnos, la inspección del Ministerio envía al inspector general David de Francisco para que examine la veracidad de las supuestas irregularidades personalmente. El inspector emitió un informe el pasado 20 de junio, que aún no ha sido hecho público y sobre el que las autoridades del Ministerio guardan un mutismo absoluto. Este periódico intentó, asimismo, ponerse en contacto con Leovigildo Ruydíez, para que éste facilitara su versión de los hechos, sin conseguirlo.