Interpelación socialista al Gobierno sobre la impunidad de la extrema derecha en la capital

Diez parlamentarios socialistas presentaron ayer una interpelación ante la Mesa del Congreso de los Diputados relativa a la supuesta impunidad con que actúan en Madrid los miembros de organizaciones ultraderechistas, y de la que el último ejemplo ha sido la agresión a 256 niños vascos, alevines del Partido Socialista de Euskadi, en la noche del pasado 14 de julio.Los diputados socialistas preguntan al Gobierno qué decisiones y medidas policiales se han adoptado para controlar y terminar con este tipo de actividades delictivas, si el Gobierno puede presentar al Congreso un informe pormenorizado sobre las agresiones y atentados de carácter político, los casos esclarecidos, los detenidos confesos, los sometidos a los tribunales de justicia y los casos de condenados por este tipo de delitos. La pregunta se refiere asimismo a si se va a realizar una investigación sobre el ataque a los muchachos socialistas vascos y sobre la política del Gobierno en la concesión de autorizaciones para actos que conmemoren hechos que enfrentaron a los españoles.

La interpelación al Gobierno hace hincapié en la serie de atentados y agresiones llevados a cabo por la ultraderecha en Madrid, la supuesta tranquilidad con que se dedican a pegar propaganda por las calles, sin cumplir previamente los requisitos legales necesarios, así como al hecho de que la policía no llegue nunca a tiempo al lugar de los hechos y no informe a continuación del resultado de las investigaciones. Después de un párrafo redactado en términos muy duros, en el que se acusa al Gobierno de ineptitud, no sólo en este campo, sino también en el de garantizar a los ciudadanos la calidad de los alimentos que consumen (en otra clara alusión a la neumonía tóxica) o la conservación del medio ambiente, los diputados socialistas denuncian que las agresiones a las personas en la vía pública se han convertido en algo habitual en la ciudad, sin que se note una acción decidida de la policía para atajar dichas actividades.

Por último, la interpelación señala la coincidencia de que sólo se anuncien investigaciones y detenciones de sospechosos en aquellos atentados sobre los que se pregunta al Gobierno, como si en el resto de los casos no existiera una obligación de dar explicaciones a la opinión pública.