El nuevo reglamento del Congreso comenzará a aplicarse en septiembre

El actual período ordinario de sesiones del Congreso de los diputados, que conluye a finales de mes, terminará con la aprobación del nuevo reglamento de la Cámara, que racionalizará y agilizará el trabajo parlamentario y entrará en vigor en el próximo periodo, septiembre-diciembre. La próxima semana, la Comisión de Reglamento decidirá sobre varios puntos conflictivos del texto y quedará para el Pleno el acuerdo político en tomo a la configuración de los grupos parlamentarios, que, por ahora, significa la desaparición del Grupo Andalucista, y cuya aplicación podría aplazarse hasta después de las próximas elecciones.

Landelino Lavilla, principal artífice del reglamento, tratará de mediar entre los grupos para alcanzar, al margen de la mayoría absoluta exigida constitucionalmente, un «alto grado de acuerdo general», sobre las reglas del juego parlamentario de los próximos tiempos, incluido el tema de los grupos.Entre los objetivos del nuevo Reglamento, en buena parte logrados en el texto aprobado por la Comisión que preside el propio Lavilla, destaca el de hacer más ágil y eficaz el funcionamiento de la Cámara. Para ello, se ha intentado racionalizar el trabajo parlamentario y hacer del Pleno del Congreso una institución viva, capaz de conectar con la calle sin acronías ni desfases, y en donde se discutan los grandes temas políticos y legislativos, sin perderse en debates de detalle.

El "silencio positivo"

Uno de los temas conflictivos sobre los que deberá pronunciarse la semana próxima la Comisión de Reglamento se refiere al procedimiento de autorización para la ratificación de convenios y tratados internacionales. A propuesta de UCD, se aprobó que, si la Cámara no se pronuncia durante un determinado período de tiempo, se produce el silencio positivo, y el Gobierno se entenderá autorizado a prestar el consentimiento para el que solicitó autorización a la Cámara.

Socialistas y comunistas se oponen a este procedimiento de ratificación de tratados, que Antonio Sotillo consideró «absurdo en un sistema parlamentario» y contrario a la exigencia constitucional de «la previa autorización de las Cortes Generales».