Hacia otro modelo de colaboración

La disparidad de criterios entre la magistratura y los responsables del Ministerio del Interior y sobre el tratamiento del delito y del delincuente, puesta de manifiesto en el comunicado hecho público el pasado lunes por el Consejo General del Poder Judicial, no es algo que se haya producido de golpe y repentinamente, sino que viene gestándose paralelamente a la configuración del Estado democrático de derecho en España.El anterior régimen, configurado como poder único con división de funciones, tendía a una colaboración mecánica de la justicia con la autoridad gubernativa, sobre todo en aquellos órganos judiciales de represión política, como el TOP, lo cual nadie puede pedir que continúe en el actual Estado de derecho, con división real de poderes y en el que la justicia ha alcanzado, ¡por fin!, parece que con el beneplácito de todos, la independencia institucional y el autogobierno.