Ante la opinión pública, la verdad

El trágico desenlace -muerte-de una investigación policial, que no judicial -como sucede en verdaderos Estados de derecho-, ha puesto en tela de juicio a los Cuerpos de la Seguridad del Estado, y concretamente al Superior de Policía, por lo que parece preciso hacer algunas consideraciones desde dentro del mismo.Que los malos tratos y vejaciones se producen por determinados funcionarios y en determinadas dependencias ha sido aceptado por muchas personas y órganos, alguno de ellos tan prestigioso como Amnistía Internacional. Lo que no suele distinguirse claramente es que la tortura no comienza con la sangre, pues tortura es impedir conciliar el suelo a un detenido, despertarle con sobresalto, interrogarle sin la debida serenidad dejuicio (artículo 393 de la ley de Enjuiciamiento Criminal), o simplemente tratarle despectivamente. La sangre, me atrevo a afirmarlo, es muchas veces lo de menos para el detenido. De la misma forma que puede aventurarse, sin ser técnico en la materia, que una bronconeumonía u otras enfermedades o dolencias pueden adquirirse sin el debido cuidado médico, simplemente provocándolas o facilitándolas.

Que una gran mayoría de los inspectores y comisarios del CSP no tortura, ni veja, ni desprecia a nadie es también algo admitido por las mismas personas y órganos. Y deben ser estos funcionarios quienes procuren impedir que hechos, como el que ahora es de actualidad se repitan, y deben también exigir de los órganos competentes todas las responsabilidades que se hayan producido. Sólo de esa forma la credibilidad y fiabilidad de las conductas de los integrantes de estos cuerpos serán admitidas. plenamente por el pueblo.

Y aquí llegamos a esa palabra tan bella como incomprendida: pueblo. Somos muchos los policías que deseamos servir, desde nuestra función pública específica, a ese pueblo; y somos muchos,quienes con un bagaje (término utilizado por el comisario señor Ballesteros) no desdeñable, técnica y profesionalmente (aunque ese comisario así se pronuncie gratuitamente, seguramente resentido hacia todo lo que emane vapores democráticos), estamos fervientemente a favor de la Constitución y de los derechos humanos que en ella se contemplan. Cumplirla, respetarlos, es un deber para nosotros, pero además es un deber agradable que realizamos por convicción y no por penitencia.

Y si la Unión Sindical de Policías ha pedido públicamente el cese del ya citado comisario es porque casos como el de las presuntas torturas o violencias físicas -ya evidentes tras la publicidad del informe de la autopsia- sufridas antes de morir por el señor Arregui Izaguirre causan daños irreparables, como es la muerte de un ser humano; destrozan estrategias de Estado, como es lo conseguido por Su Majestad el rey Juan Carlos en Euskadi; pueden alterar las previsiones. parlamentarias, modificando programas de Gobierno, y, además, deterioran gravemente la imagen de los Cuerpos de la Seguridad del Estado que muchos nos empeñamos por cambiar mejorándola. Por eso, sólo por eso, sin rencores, con los que no nos identificamos, hemos pedido el cese del comisario que manda la dependencia policial que más dudas -y algunas evidencias- suscita sobre los modos de lograr la efectividad de los servicios.

En esa policía que despierte el respeto y no el miedo no caben todos. Es evidente. Pero también lo es que en Estados de derecho quien lo conculca incurre en responsabilidades de las que suelen conocer los tribunales de justicia, sin despertar iras ni complicidades. Y la USP quiere el respeto, la convivencia democrática, la identificación con su pueblo, para que un día no lejano éste pueda cantar, como lo hiciera el poeta VIadimir Mayakovski, mi policía vela por mí.