"El derecho de la CEOE a opinar"

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, hizo público a comienzos de junio un programa de medidas urgentes para combatir el paro. En síntesis, tal programa apuntaba una serie de sugerencias para reanimar la inversión privada y, a través, de ésta, lograr una cierta reactivación económica. Además, demandaba una actuación inmediata sobre unos cuantos sectores concretos de actividad, sectores que denominaba «de impulsión», a fin de que sirvieran a modo de «locomotoras» para arrastrar al resto del sistema productivo. En la lista articulada por la CEOE figuran entre ellos todos los relacionados con la exportación y, además, los que se refieren a la conservación y desarrollo de la energía, la construcción de viviendas, el mantenimiento de la red de carreteras, la repoblación forestal y los regadíos.Poco después, el presidente de la patronal, Carlos Ferrer, y el ministro de Economía, José Luis Leal, presentaron en un debate televisado sus respectivas opiniones sobre el citado programa, de las que el ciudadano dedujo la existencia de una proporción considerable de concordancia entre las peticiones de los empresarios y los propósitos que alberga la Administración, ya que una parte importante de las acciones que los primeros proponen o bien han sido emprendidas ya por el Gobierno o bien figuran en su cartera de expedientes de próxima resolución.

Así las cosas, no parecía sino que el asunto había quedado relegado a las calendas otoñales, tanto por el paréntesis que habitualmente impone el mes de agosto al quehacer oficial como por el rumoreado reajuste del equipo que ejerce el poder ejecutivo. Sin embargo, he aquí que, durante los últimos días, el plan en cuestión ha reverdecido y ha tornado al primer plano de la actualidad. ( ... )

La controversia suscitada en .torno del programa de medidas de la CEOE se reduce, según todas las apariencias, a una simple pugna académica entre escuelas económicas dispares, que no merece mayor atención, sobre todo considerando que, entre tanto, la situación económica ofrece signos de recrudecimiento negativo, como lo prueban el práctico estancamiento del producto interior bruto y el aluvión de parados que crece día tras día.

En este aglomerado de dificultades progresivas, de lo que no cabe duda es del derecho que asiste a las organizaciones empresariales a elevar su voz y hacer llegar al Gobierno sus ideas, sus inquietudes y, lo que es aún más oportuno y provechoso, las medidas que, a su juicio, deben abordarse para hallar una salida de la crisis. El juego de libertades que constituye el basamento de la democracia ampara e incluso exige que tanto los ciudadanos, por modestos que sean, como las fuerzas sociales representativas acudan a la opinión pública y a las altas instancias legislativas y ejecutivas, tantas veces como fuere menester, en defensa de sus legítimos intereses. Si la CEOE lo ha hecho ahora, razonada y constructivamente, no hay por qué rasgarse las vestiduras. ( ... )

17 de agosto