Manifestación de agricultores europeos contra Margaret Thatcher

Unos 5.000 agricultores llegados de los nueve países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) se manifestaron ayer en el recinto ferial de Estrasburgo, para exigir al Parlamento Europeo, reunido a cuatro pasos, un incremento del 7,9% en los precios agrícolas. La Comisión Europea propone sólo un aumento del 2,4%, considerado «completamente inaceptable» tanto por los propios agricultores como por el presidente francés, Valery Giscard d'Estaing. Los manifestantes enarbolaron pancartas en todas las lenguas comunitarias y corearon a gritos el eslogan «Thatcher, go home».

La sesión del Pleno del Parlamento Europeo reviste una gran importancia política, no sólo por las repercusiones directas sobre la « Europa verde», sino porque la decisión que se adopte respecto a los precios agrícolas influirá decisivamente en el enfoque del «problema inglés».En efecto, Gran Bretaña exige una importante reducción en su aportación al presupuesto de la CEE, alegando, entre otras cosas, que está harta de subvencionar a fondo perdido a los agricultores franceses e italianos, que «se comen » todo el dinero de la CEE. «Mientras que no se reforme el despilfarro de la política agrícola», afirma la señora Thatcher, «nadie tiene derecho a exigirnos más dinero.»

La intrasigencia británica ha provocado la suspensión de la cumbre de Bruselas, que difícilmente podrá celebrarse a fines de abril, como está previsto, si antes no se soluciona el tema agrícola. La reducción final que se ofrezca a Gran Bretaña dependerá, en parte, de los fondos que la CEE deba reservar para su presupuesto «verde».

Por otra parte, el Parlamento Europeo, en su lucha por demostrar que tiene un papel político que cumplir, rechazó en una sesión anterior el presupuesto global elaborado por la Comisión y ahora intentará mantener su posición de fuerza. Lo contrario sería abdicar de una de las escasas competencias reales que le atribuye el reglamento.

La papeleta tiene difícil solución. Según los cálculos realizados por la Comisión, el incremento del 7,9% exigido por los agricultores (ocho millones en los nueve) supondría un coste suplementario de 2.000 millones de unidades de cuenta (unos 190.000 millones de pesetas), lo que dejaría prácticamente vacía «la caja» de la CEE para otros sectores económicos. Así lo explicó ayer en Estrasburgo el comisario Finn Gundelach, quien fue apoyado por el propio presidente de la CEE, el británico Roy Jenkins.

El debate en el PE ofrece también particular interés para España, ya que englobará, probablemente, la creación o no de una tasa sobre materias grasas y aceites no de oliva, que es, precisamente, una de las soluciones estudiadas por la Comisión para hacer frente a la, entrada del aceite de oliva español en el mercado comunitario.

Los debates no finalizarán, previsiblemente, antes de la madrugada del próximo jueves. Los parlamentarios han presentado cerca de cuatrocientas enmiendas y, a la vista de cómo se han desarrollado las primeras discusiones, las posiciones entre los distintos grupos ideológicos y nacionales están muy separadas.