Oposición popular vasca al cierre de "La Voz de España" y "Unidad"

La decisión del Gobierno de cerrar los diarios donostiarras La Voz de España y Unidad, ambos pertenecientes a la cadena de Medios de Comunicación Social del Estado, ha provocado en medios políticos, sindicales y profesionales del País Vasco una unánime reacción de protesta y condena por el sentido y alcance de la misma y por la forma urgente en que se ha adoptado y llevado a la práctica (por medio de una comunicación gubernativa, que no oficial). El PSOE de Euskadi ha anunciado que presentará a través de su grupo parlamentario una interpelación al Gobierno, y parece confirmado que el CGV tratará el tema en su próxima reunión.Los trabajadores de los dos diarios conocieron de forma oficiosa la decisión de cierre adoptada por el Gobierno a través de los servicios informativos de Radio Nacional de España y TVE a última hora de la noche del domingo. A las once de la noche, en la sala de juntas de La Voz de España se constituía una asamblea permanente, a la que asistían sesenta personas, trabajadores de los periódicos afectados. En esa hora, varios vehículos policiales se situaron en los alrededores del periódico. Aproximadamente a las 4.30 de la mañana se presentaron en el citado salón delegados gubernativos con la orden de cortar el fluido eléctrico del edificio. El director de La Voz de España, Emilio Rey, aseguró a aquéllos la inexistencia de una comunicación oficial de cierre (únicamente conocía la noticia oficiosa), y exigió una orden gubernativa por escrito de la que tomaría acta un notario allí presente. Los funcionarios no aparecieron de nuevo.

El citado escrito denuncia la decisión del Gobierno, que considera «una medida política que se adopta precisamente cuando acaba de comenzar la campaña electoral en el País Vasco». Rechazan los trabajadores de los dos diarios la justificación dada al cierre de los mismos en base a elevadas pérdidas económicas. «El falso déficit se apunta cercano a los cien millones, pero su cuantía es muy inferior. Es alucinante que en la nota oficiosa se aluda a pérdidas económicas y costo por ejemplar cuando la medida afecta a La Voz de España y Unidad y no a otros periódicos de menor tirada y mayores pérdidas globales. Todavía es más incomprensible si se analiza la situación de Pueblo (del que es director José Ramón Alonso, director general de los Medios de Comunicación Social del Estado y responsable directo de este cierre), que desde hace años arrastra un déficit esdandaloso y el precio por ejemplar podría poner los pelos de punta del contribuyente.»

Reunidos ayer en San Sebastián, responsables de PNV, PSOE, EE, PC, Herri Batasuna, ESEI, MC, PT, CCOO, LAB, USO y SU adoptaron la decisión de llevar a cabo, una interpelación urgente al Gobierno en el Congreso y remitir el tema para su estudio al CGV.

Por su parte, el comité central de MCSE ha hecho público un comunicado en el que pide la dimisión de Ricardo de la Cierva, José Ramón Alonso y Donato León Tierno de sus respectivos cargos, «por su traición a los intereses de los trabajadores, a los que han venido ocultando deliberadamente la realidad de los proyectos gubernamentales

Ricardo de la Cierva: "Cierre técnico"'

El ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, máximo responsable del organismo como presidente del consejo directivo, manifestó ayer a EL PAIS que el cierre de estos dos diarios es «pura y simplemente técnico, pues registraban unas pérdidas próximas a los cien millones, en camino de aumentar. El condicionamiento político -en contra de lo que se ha dicho- es secundario y marcha detrás de los económicos e informativos».Para el señor De la Cierva, estos cierres no suponen una amenaza directa al resto de la cadena. Tan sólo otros dos o tres periódicos presentan pérdidas similares a los actuales. «Mi impresión personal», dijo el ministro, «es que la cadena está bastante saneada desde el punto de vista económico. No urge, por tanto, tomar una decisión sobre su futuro. »

El ministro aseguró hace días (precisamente en San Sebastián) que para UCD la existencia de una prensa estatal es incompatible con un sistema democrático. Sin embargo, acepta también la posibilidad de un debate parlamentario sobre el tema y recuerda que «la normativa vigente sobre MCSE establece que cualquier decisión sobre el futuro de los medios tendrá que plantearse en forma de ley y, por tanto, será posterior a un debate parlamentario en el Congreso y en el Senado».