Probable elevación de tarifas del Metro de Madrid

La sesión plenaria iniciada por el Senado el martes concluyó ayer con la aprobación de los proyectos de ley sobre desprivatización del Metro de Madrid y creación de la Audiencia Territorial de Bilbao, a propósito del primer tema, varios senadores madrileños y el propio ministro de Transportes y Comunicaciones rivalizaron en mostrar su preocupación por el saneamiento del Metro, que para UCD pasa por una elevación de tarifas.El socialista Francisco Bustelo, en una de sus escasas intervenciones en la Cámara, aseguró que la ley no perjudicará a los grandes accionistas y señaló que lo establecido sobre cobertura de los costes totales del Metro, mediante las tarifas, no podrá cumplirse y será preciso recurrir a los impuestos generales o locales. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Salvador Sánchez Terán, contestó que bastaría incrementar las tarifas actuales a dieciséis pesetas para llegar a una situación próxima al equilibrio con los costes. Recordó que las tarifas europeas oscilan entre las treinta y las cincuenta pesetas.

Armando Benito, de UCD, presentado durante la campaña electoral como «el senador del Metro», afirmó que el Estado había tenido que intervenir la compañía del Metropolitano por su inseguridad, poca solvencia y estancamiento en el tráfico de viajeros. Anunció una inversión de 10.000 millones de pesetas y la construcción en los próximos cuatro años de «más líneas de las que la Compañía ha construido en cincuenta años». Anticipó que el déficit del Metro no será absorbido por el Ayuntamiento y se mostró partidario de que las tarifas cubran gastos.

El proyecto de ley fue aprobado prácticamente por unanimidad, con la única abstención del senador de Alianza Popular Abel Matutes. Seguidamente, por asentimiento, fue aprobado el proyecto de ley sobre creación de la Audiencia Territorial de Bilbao. Federico Zabala aludió a los motivos, de orden histórico, político y jurídico que justificaban la medida. El senador socialista señor Laborda defendió la creación de un tribunal superior de justicia para el País Vasco.

Finalmente, entre otros temas de trámite, el Pleno de la Cámara alta tomó en consideración la proposición de ley por la que se equipara con los españoles a los trabajadores guineanos que residen en España.