Denuncian la acción de la policía contra las mujeres

Pocos, una mínima parte de los abortos que se llevan a cabo diariamente en el Estado español llegan ante los jueces. Pero siempre, indefectiblemente, la acusación recae sobre unas mujeres que pertenecen a las clases sociales más indefensas. La misma sociedad hipócrita que se asusta cuando pronuncia la palabra aborto, la misma sociedad que desencadena el proceso contra las mujeres que abortan y contra los que hacen prácticas abortivas, no quiere saber nada de los abortos que se producen en la clandestinidad. No hay estadísticas, no hay conocimiento, no hay investigación a fondo. Llegan al juzgado sólo aquellos casos dramáticos, consecuencia de una situación producida por la penalización del aborto.Jamás ninguna mujer de las clases altas, de las clases dominantes, de las que tienen información suficiente, dinero suficiente, toda clase de facilidades para resolver, sin escándalo, su problema llega ante un juez. La misma sociedad que finge escandalizarse cuando una mujer acorralada, indefensa, es acusada del «crimen» de haber abortado, defiende con el silencio la impunidad de la riqueza y de la solvencia. Este hecho nos permite damos cuenta de que la penalización del aborto es una forma de represión intolerable.

El decreto dictado por la Generalitat de Cataluña el 25 de diciembre de 1936, explica claramente que el «Servei de la interrupción artificial de lémbarás» era una reforma dirigida a «facilitar al pueblo trabajador un modo seguro y libre de peligros de regular la natalidad».

Hoy, más que nunca, reclamamos no sólo la despenalización del aborto sino una ley que haga desaparecer privilegios ignominiosos. Reclamamos centros de planing familiar, de información, para que la mujer tenga derecho a decidir con plena conciencia si quiere abortar o no. Sólo cuando la gestación sea un acto plenamente voluntario se podrá hablar de conciencia y de plena responsabilidad de cada mujer.

En nombre de la justicia social, de la igualdad ante la ley, de la plena responsabilidad de los actos humanos, reclamamos la despenalización del aborto. Y, para lograrlo, sólo hay un camino: centros de planing familiar, información sobre anticonceptivos, inclusión de los anticonceptivos en la Seguridad Social y una regulación a cargo de la clase médica de la interrupción artificial del embarazo, siempre que la salud física y mental de la mujer lo exija, siempre que ella, por propia voluntad, lo reclame.

Hoy que doce mujeres en Bilbao y cuatro en Sardanyola sufren en su propia carne el vilipendio de una discriminación vergonzosa, reclamamos la reforma necesaria para que cese la represión contra la mujer.