Probable declaración de estado de sitio en El Salvador

El Gobierno de El Salvador estudia en estos momentos la posibilidad de declarar el estado de sitio en el país, a la vista del recrudecimiento de la violencia que se observa en la nación. En opinión de los observadores, esta medida desencadenaría una nueva oleada de represión cuyas consecuencias son impredecibles.Respondiendo al llamamiento hecho en tal sentido por el Bloque Popular Revolucionario, diversos sectores laborales salvadoreños han iniciado paros que podrían llevar a la paralización total del país. La huelga se observa sobre todo en los transporte urbanos, con las correspondientes repercusiones en los centros de trabajo, a los que no pueden llegar los operarios.

Tanto en la capital, San Salvador, como en poblaciones del interior, menudean los incidentes armados. En Soyapango, la policía dispersó con granadas de mano una manifestación de militantes y simpatizantes del Bloque Popular Revolucionario (BPR), con un saldo no determinado de muertos y heridos. En San Salvador, grupos de jóvenes incendiaron varios autobuses y ametrallaron vehículos de la policía y el Ejército.

La situación en las embajadas de Venezuela y Francia, entre tanto, permanece inalterable. El enviado especial del Gobierno de Caracas, embajador Régulo Velasco, ya se ha puesto en contacto, aunque de forma indirecta, con los dirigentes del BPR, grupo autor de la ocupación de la embajada. Un sacerdote, el vicario general de la diócesis de San Salvador, monseñor Carlos Urioste, parece actuar de mediador.

El principal escollo para resolver estas situaciones es la insistencia del Gobierno del general Carlos Humberto Romero en afirmar que no tiene en su poder a los tres combatientes del Bloque Popular Revolucionario, cuya libertad exigen los ocupantes de las embajadas. En opinión del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, estos tres dirigentes han sido asesinados por agentes de seguridad. La única forma para solucionar el conflicto sería, según el prelado, que el Gobierno reconociera la muerte de los tres dirigentes y anunciara el castigo de los responsables.

La versión del arzobispo confirma los brutales sistemas utilizados por las fuerzas policiales del país, que detienen indiscriminadamente a todo sospechoso de oposición al Gobierno y, en algunos casos, «hacen desaparecer» a los detenidos. Organismos internacionales de defensa de los derechos humanos han comprobado y denunciado varios episodios de este tipo.