Sectores, conservadores pretenden una convocatoria del pleno del Tribunal Supremo

Bajo el título «Convocatoría urgente del Tribunal Supremo», el diario El Alcázar publicaba ayer una información en la que se afirmaba que un presidente, de sala del Tribunal Supremo ha dirigido un escrito a la máxima jerarquía del alto Tribunal, solicitando la convocatoria urgente del pleno extraordinario, a fin de «hacer el análisis hasta las últimas consecuencias del fenómeno terrorista y de la incapacidad del actual Gabinete para erradicarlo».Según fuentes judiciales dignas de crédito, consultadas por EL PAIS, efectivamente existe una iniciativa para intentar que la sala de gobierno autorice una reunión del pleno del alto Tribunal y que a su vez este último acuerde dirigirse al Jefe del Estado para poner de manifiesto la pretendida situación de desgobierno e inseguridad jurídica en que se encuentra nuestro país. La iniciativa también podría estar relacionada con un intento de evitar que un jurista conocido por sus ideas democráticas, Carlos de la Vega Benayas, sea nombrado magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas por EL PAIS ponen de manifiesto que la idea no es otra que acreditar lo que se califica de desgobierno existente en el país y posiblemente legitimar algún tipo de «actuación más enérgica».

Igualmente se pone de manifiesto en círculos jurídicos que nunca, durante los casi cuarenta años del régimen político vigente en España hasta la muerte del general Franco, actuó el Tribunal Supremo en el sentido antedicho, al amparo de las posibilidades que le ofrecía, y le ofrece, la vigente ley Orgánica del Poder Judicial, de 1870.

Esta circunstancia conecta directamente con la línea ideológica y de pensamiento atribuida a la mayor parte de la estructura judicial en España, y desde luego a la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo, que en general se considera vinculada a posiciones conservadoras. El asesinato del magistrado Miguel Cruz Cuenca, reivindicado por los GRAPO, podría tener como consecuencia una mayoría de posiciones conservadoras en la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, integrada por el presidente de dicho alto organismo, los presidentes de sus seis salas y el fiscal del Reino, a juicio de las fuentes antes mencionadas. Cabe indicar que la Constitución prevé un sistema electivo para los órganos del poder judicial, condición que no reúne la actual Sala de Gobierno del Supremo, que se rige aún por una legislación anterior.