"Con la Constitución, por fin sí, la guerra ha terminado"

«Desde 1931 no se había dado España a sí misma una Constitución, y las restantes fueron textos otorgados o simplemente aprobados por minorías reducidas de notables, desvinculados del pueblo. Las instituciones creadas en esas Constituciones no llegaron en muchos casos a ser plenamente liberales. La Monarquía no fue parlamentaria y a menudo acabó siendo autoritaria. El Senado, oligárquico y aristocratizante, el Congreso, limitadamente representativo, la organización del Estado centralista desconocía la pluralidad de los pueblos y la personalidad de las regiones.La soberanía del pueblo, un día arrebatada, vuelve al pueblo, para que éste la ejercite de nuevo y se dé a sí mismo las leves que han de regirlo y el Gobierno que ha de orientarlo. Pero lo que hoy consagramos no es tan solo la restauración del Estado de derecho en su día abolido, sino, aún en mayor medida, el futuro democrático que hoy abrimos en cumplimiento de la voluntad popular. Con la Constitución aprobada se ha producido pacíficamente, la ruptura con unas instituciones personalistas que negaban y se oponían a casi todo lo que sus señorías acaban de afirmar y defender con su voto.

La Constitución no es mas que la expresión jurídica de un contrato social, de un consenso colectivo Con la Constitución, por fin sí, la guerra ha terminado. Los Socialistas de Cataluña hemos votado favorablemente el proyecto constitucional porque éste cumple las condiciones fundamentales que nosotros exigíamos al abrirse el proceso constituyente. La Constitución se basa inequívocamente en la soberanía popular.

La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía política de las diferentes nacionalidades y regiones que integran España y la solidaridad entre toda ellas, lo cual quiere decir que Cataluña, nuestra nación, tiene en la máxima ley del Estado español el reconocimiento de su personalidad colectiva tantas veces negada, y la garantía de que su derecho a autogobernarse como pueblo va a ser respetado y promovido por el legislador y por los gobernantes del Estado.»