El estatuto del puerto de BarceIona, controlado por el Estado

El estatuto de autonomía del puerto de Barcelona, que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. A partir de este momento, el nuevo consejo de administración del puerto barcelonés y su consejo asesor sustituirán a la antigua Junta de Obras del Puerto, que será disuelta en el plazo de veinte días.La autonomía del puerto de Barcelona, contra lo que podría parecer, no ha sido en absoluto negociada con la Generalidad de Cataluña y, según puede desprenderse del propio texto legal que da luz verde al estatuto portuario, el nuevo puerto autónomo de Barcelona seguirá estrechamente ligado a la Administración central.

La dirección del puerto barcelonés será competencia, a partir de la vigencia del nuevo estatuto de un consejo de administración compuesto por veintitrés miembros y cuyo presidente será nombrado por decreto del Gobierno a propuesta del Ministerio de Obras Públicas. De entre los miembros de dicho consejo solamente tres son representantes de la Cámara de Comercio de Barcelona uno de la Diputación de Barcelona, además del alcalde de Barcelona, el comandante de Marina y representantes de las empresas portuarias y de los trabajadores. El consejo de administración será supervisado por un delegado del Gobierno, quien tiene la facultad de dejar en suspenso incluso las propias votaciones del consejo. Asimismo, es importante señalar que el director del puerto -persona que ostenta la dirección efectiva del mismo- y el secretario del consejo de administración serán nombrados directamente por el ministro de Obras Públicas.

Fuentes ligadas al sector portuario barcelonés han manifestado a EL PAIS que el nuevo estatuto de autonomía supone en realidad un tipo de desconcentración administrativa que repercutirá en una mayor coordinación en las gestiones de gobierno del puerto. Sin embargo, lo que sorprende es que un estatuto de esta índole, que había sido repetidamente reclamado por la propia Junta de Obras del Puerto desde hace diez años, se haga ahora realidad. Este hecho parece responder al interés de ciertos sectores económicos y políticos conservadores, concretamente las empresas portuarias, de consolidar el control del puerto desde la Administración central para evitar que una futura Generalidad de izquierdas pudiera tener en sus manos el puerto de Barcelona, auténtico eje de la vida comercial catalana.