Los delitos de terrorismo tendrán un nuevo tratamiento

El ministro de Justicia, Landelino Lavilla, pronunció la noche del jueves, en el colegio mayor San Pablo, de Madrid, una charla sobre la política legislativa de su departamento, e hizo un bosquejo del nuevo programa que va a tener vigencia tras la aprobación de la Constitución, informa Efe. «Los delitos de terrorismo -dijo- tendrán un tratamiento nuevo propio». «El asesinato será asesinato.» Se trata de incluirlo en figuras delictivas comunes.

La modificación del Código Civil afectará al derecho de familia, patria potestad, filiación y tutela en la línea de una modernización, al estilo de los países vecinos. La patria potestad será conjunta. Se suprime el usufructo de los padres sobre bienes de los hijos. Innovación sobre incapacitados en el sentido de prorrogar la patria potestad. En cuanto al régimen económico, la administración de gananciales será conjunta.

Sobre la separación se reconoce la libertad de pacto y el cambio de administración de gananciales en caso de disolución de la sociedad conyugal. Desaparece el término hijos legítimos e ilegítimos. La investigación de la paternidad será posible gracias a la desaparición del adulterio como delito que entorpecía dicha investigación.

El nuevo Código Civil tendrá importantes reformas en los con tratos rústicos y urbanos, y el nuevo Código Penal -continuó a lo largo de la charla- estará encaminado a un mayor equilibrio entre penas nominales y reales para que éste realmente se cumpla, además de la prohibición de los indultos generales.

El señor Lavilla aseguró que tendrían mayor importancia los delitos contra la intimidad que los clásicos delitos contra la honestidad y la propiedad. Resaltó el difícil tratamiento de los problemas sobre la peligrosidad social.

Finalmente, trató temas como la reforma del sistema penitenciario, los casos más leves en régimen abierto y los más graves en centros de alta seguridad, una atención pospenitenciaria, nuevas leyes procesales, ley orgánica del Tribunal Constitucional y ley orgánica del poder judicial.