Jaime Badillo, presidente del Consejo de Intervención

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer una orden del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la que se desionan los miembros integrantes del consejo de intervención de la Compañía Metropolitano de Madrid, quienes serán los encargados de las labores de gestión y administración de la entidad, en tanto se decide la forma de su desprivatización definitiva. También apareció ayer en el BOE el texto del real decreto-ley sobre medidas urgentes para el Metro, debatidas en la comisión de urgencia legislativa de las Cortes.Los once nombres designados por el ministro de Transportes, Salvador Sánchez Terán, Jaime Badillo. consejero especializado del Consejo de Obras Públicas y miembro del consejo de administración de Renfe (el señor Sánchez Terán fue director general de Renfe entre los años 1970 y 1973). Vocales, José Luis García López, director general de Transportes Terrestres; Carlos García Maura, director general de Infraestructura del Transporte; Plácido Alvarez, delegado de Circulación del Ayuntamiento; Gonzalo Ferré, delegado de Hacienda de la misma entidad; Jesús de Ramón-Laca, subdirector general de Empresas y Participaciones Estatales del Ministerio de Hacienda; Ramón García Diez, subdirector general de Control Financiero; Rafael Valero y Ernilio Marín, representantes de los accionistas de Metro, y Victoriano y Gabriel Risco, representantes del comité de empresa de la Compañía Metropolitano de Madrid.

Las funciones específicas que deberá abordar este consejo de intervención vienen reseñadas en el BOE de ayer y corresponde a lo que en su día fue anunciado por el Ministerio de Transportes (véase EL PAIS de ayer y anteayer). Estas atribuciones, en síntesis, se extienden a la gestión del servicio con los fondos que se le asignen, que serán 3.000 millones de pesetas, concedidas por el Banco de España, más ochocientos millones aportados por el Ministerio de Transportes.

El consejo de administración de la compañía sólo funcionará en adelante para los asuntos legales derivados de la etapa anterior a la intervención estatal. El nuevo consejo queda autorizado a proponer al Ministerio de Transportes, por contratación directa, cuantas obras resulten de necesidad urgente para la conservación y explotación del servicio del ferrocarril metropolitano y de superestructuras.