Ofensiva del Gobierno para capitalizar el proceso preautonómico catalán
La degradación de la imagen pública del presidente de la Generalidad ha comportado un cambio de matiz de extrema importancia en el seno del Gobierno Suárez con relación al proceso preautonómico catalán. Ahora existiría el deseo de potenciar la comisión mixta Estado-Generalidad, como única vía para efectuar el traspaso de funciones, marginando totalmente el camino que podían haber representado los acuerdos oficiales entre Suárez y Tarradellas del pasado mes de abril.
Esta precisión política irá paralela a un relanzamiento de la organización catalana -hoy prácticamente inexistente- de UCD. Su responsable será el actual gobernador civil de Gerona, Josep María Mesa, quien dejará su cargo oficial para pasar a secretario general adjunto de dicha organización, en los próximos días. En el mismo marco se inscribe la próxima visita a Cataluña de Rafael Arias salgado.UCD está preocupada por el hecho que, de haber continuado siguiendo únicamente el camino de un apoyo incondicional a Tarradellas, se hubiese podido encontrar en un callejón sin salida, así como enfrentada en exceso a los socialistas catalanes.
Dos datos de gran relieve muestran la inflexión gubernamental en curso. Por un lado, la entrega anteanoche por Landelino Lavilla a Josep Lluis Sureda de los proyectos de decreto de transferencia elaborados por el Gobierno central y que no habían sido recogidos por Sureda, vicepresidente catalán de la comisión mixta, pese a que llegaron a estar, en anterior ocasión, en las mismas manos de Sureda. Ello obligará a un relanzamiento de la comisión mixta, no deseado por Tarradellas. Landelino Lavilla expresó además que permitiría la elaboración de enmiendas a los textos. Paralelamente, de forma súbita, han empezado a reunirse las subcomisiones de la citada comisión mixta.
El segundo aspecto -del que se puede informar ahora por vez primera- consiste en el fracaso del viaje a Madrid de Sureda y Bricall, secretario general de la Generalidad, efectuado con el mandato de Tarradellas de intentar desarrollar los acuerdos Suárez-Tarradellas del pasado abril. Aquellos acuerdos apuntaban hacia el traspaso a Tarradellas de funciones tutelares respecto a la Administración local, la convocatoria por Tarradellas de reuniones de los gobernadores civiles catalanes y la consulta a Tarradellas de los nombramientos de la administración periférica en Cataluña.
Resulta que, para tratar estos temas, Martín Villa recibió a Sureda y Bricall nada menos que en presencia del gobernador civil de Barcelona, Josep M. Belloch, quien habría expresado, al igual que otros gobernadores de Cataluña, una cierta preocupación ante una hipotética dependencia de Tarradellas.
Martín Villa manifestó a los enviados de Tarradellas que el Gobierno no pensaba establecer una normativa que regulase las posibles reuniones de Tarradellás con los gobernadores, con lo cual éstas, de eféctuarse, revestirían el carácter de simple cortesía. Respecto a la consulta previa de los nombramientos de la administración periférica en Cataluña el ministro del Interior también afirmó que ello podía efectuarse como cortesía, pero que el Gobierno no estaba dispuesto a dar forma legal a esta posibilidad. En cuanto a la tutela de los municipios, Martín Villa manifestó que el Gobierno se inclinaba por llevar a cabo los traspasos a través de la comisión mixta legalmente establecida.
Estas precisiones gubernamentales son de un extraordinario alcance. Suponen potenciar el Gobierno catalán y no la presidencia de la Generalidad. Implican, pues, un duro revés a los proyectos de Tarradellas de utilizar los gobernadores civiles, las diputaciones y los ayuntamientos con fines electorales. La potenciación de la comisión mixta es sinónimo de fortalecimiento del Gobierno catalán.
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