El Gobierno boliviano concede una amnistía sin restricciones

La ofensiva popular contra la dictadura militar en Bolivia ha conseguido una significativa victoria, al arrancarle, en la madrugada de ayer (hora española), un acuerdo de amnistía general y sin restricciones, negociado y suscrito por el ex presidente de la República y presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Luis Adolfo Siles Salinas; el arzobispo de La Paz, monseñor Jorge. Manrique, y un funcionario del Ministerio del Interior.

El acuerdo contempla: 1.º La amnistía general para todos los bolivianos detenidos, exiliados residenciados (una especie de deportación en el interior del país) y perseguidos por motivos políticos o sindicales. 2.º La reintegración de todos los mineros detenidos, bajo el control de una comisión tripartita compuesta por los sindicatos, las empresas y el Gobierno. 3.º Los trabajadores serán reintegrados en las mismas funciones que ocupaban antes de ser despedidos y recuperarán su antigüedad. 4.º El Gobierno ofrece garantías a todos los huelguistas de hambre y a los que les han apoyado y se compromete a liberar inmediatamente a los huelguistas detenidos.El acuerdo ha sido conseguido al culminar una jornada de intensas negociaciones y después de que el comité de huelga rechazó el ofrecimiento de una amnistía general con restricciones, hecho en la víspera por el presidente Banzer. La huelga de hambre, iniciada hace veintidós días por seis mujeres mineras, y a la que se sumaron un total de 1.300 personas en todo el país, se habla redoblado el miércoles. con la incorporación de nuevos contingentes para sustituir a las doscientas personas violentamente desalojadas un día antes.

La presión sobre el Gobierno aumentó con los paros de solidaridad con los huelguistas, efectuados por los trabajadores de todas las minas del país, respuesta al llamamiento hecho por la clandestina Federación Sindical de Traba adores Mineros de Bolivia y por los trabajadores fabriles de La Paz y Cochabamba, que al mismo tiempo desconocieron a las autoridades sindicales impuestas por el Gobierno.

Por su parte, la jerarquía de la Iglesia católica expresó su total apoyo a las reivindicaciones de los huelguistas y amenazó al Gobierno con la excomunión de los autores materiales e intelectuales de los allanamientos que sufrieron tres centros donde se albergaban los huelguistas desalojados. También amenazó con cerrar durante tres días los centros de La Paz si el Gobierno no daba solución inmediata a la dramática situación.

Mientras la ofensiva popular se dirige ahora hacia la satisfacción de las otras reivindicaciones de la huelga de hambre (el retiro de las tropas militares de las zonas mineras, la legalización de los sindicatos y la derogación de la legislación represiva), la dimisión del presidente Banzer parece haberse puesto a la orden del día. En cuanto el ex presidente Bernal Siles Zuazo declaraba en Caracas que «el general Banzer ha perdido autoridad moral para presidir unas elecciones auténticamente democráticas», el ex presidente Ovando se pronunciaba en Madrid por el traspaso del poder a la Corte Suprema de Justicia.