Alemania del Este, acusada en el caso del espionaje a Strauss

Las supuestas escuchas policiales de una o varias conversaciones telefónicas del líder ultraconservador de la Democracia Cristiana alemana, Franz-Josef Strauss, no tienen aún paternidad reconocida. Mientras el líder bávaro insiste en que estos métodos «cuadran con la moral del Gobierno», el portavoz de éste dice que las afirmaciones de Strauss son irresponsables.Por su parte, el servicio de inteligencia alemán adelanta una interpretación no menos aventurada que las estimaciones de Strauss sobre el Gobierno: según la central del contraespionaje alemán, con sede en Pullach, en Baviera, el texto mecanografiado que llegó este fin de semana hasta la redacción del Sueddeutsche Zeitung, de Munich, «es una falsificación de agentes del este europeo». Lo que nadie ha explicado por ahora es cómo Strauss confirmó la autenticidad de las conversaciones publicadas por el periódico. Se habla de una «falsificación» por un país del Este, se supone que la República Democrática Alemana, país que hasta ahora no ha dicho ni palabra sobre el incidente.

La polémica surge dos días antes de que el Parlamento, en sesión plenaria, decida sobre la nueva ley para el control del servicio de inteligencia alemán, hasta hoy un organismo omnímodo, apenas supeditado al Gobierno. Mientras se decide si da lugar o no a un debate parlamentario sobre este proyecto de ley, una comisión del mismo Bundestag ha comenzado ya a actuar para delimitar responsabilidades y esclarecer los hechos, dentro de lo posible.

Las armas en la cárcel de Stammheim

Otra comisión con problemas de esclarecimiento es la que se encarga de analizar los incidentes ocurridos en la cárcel de Stammheim, en ocasión del misterioso suicidio de los dirigentes de la organización Baader-Meinhof. Mientras el fiscal general, Rebmann, declaraba hace tres días que al fin se había descubierto el modo por el que entraron en la cárcel especial las pistolas con las que, según la versión oficial, se dieron muerte Baader y Raspe (ambas armas, de gran calibre dentro de su género, fueron ingresadas por un abogado dentro de un volumen de actas en el que había practicado una oquedad), el último testimonio autorizado, el de los tres policías encargados del control de visitantes de la cárcel, parece desmentir esta posibilidad. Los tres han declarado ante la comisión que la versión es inadecuada: los abogados estaban obligados a depositar todos sus haberes, que eran registrados concienzudamente mediante un detector de metales. Sigue en pie, por tanto, el principal punto oscuro en la muerte de los activistas de Stammheim.