El primer ministro paquistaní se tambalea en el poder

Diez personas, por lo menos, resultaron muertas ayer en Karachi, cuando el ejército abrió fuego contra un grupo de personas que pretendían organizar una manifestación a la salida de una mezquita. Este ha sido el más grave incidente ocurrido en Pakistán entre el ejército y la oposición desde que se iniciaron los disturbios contra el primer ministro, Zulfikar Alí Bhuto, hace siete semanas, a raíz de las elecciones generales, cuya honradez pone en duda la oposición.

Los incidentes cobran cada día mayor violencia en Pakistán y se extienden a nuevos centros urbanos, tras el llamamiento a la huelga general lanzado por la oposición para forzar la dimisión del primer ministro. Así, el Gobierno de Bhuto se ha visto obligado a implantar la ley marcial en Lyllpur, la cuarta ciudad del país, tras haberlo hecho el jueves en Karachi, Lahore e Islamabad.Estas ciudades han pasado, pues, a estar bajo control militar La situción de violencia que vive el país está haciendo tambalearse al primer ministro, que ha convocado una reunión de los diputados de su partido, el Popular, a quienes la oposición ha pedido que renuncien a su escaño para imponer, de esta forma, nuevas elecciones generales. Si Bhuto no consigue el respaldo de sus parlamentarios se vería forzado a reconsiderar su posición de mantenerse en el poder a ultranza.

Hasta el momento, el primer ministro parece contar con el respaldo del ejército. Sin embargo, un importante sector del mismo se muestra molesto por haber hecho intervenir a dicha institución en la política. Por otro lado, según fuentes británicas, los altos mandos no están satisfechos con la decisión de implantar la ley marcial y hubiesen preferido la adopción de decisiones puramente civiles.

Este reticente apoyo militar puede verse quebrantado aún más con los enfrentamientos entre militares y civiles citados más arriba, o si las tropas son obligadas a disparar contra civiles en Lahore, provincia de la que son originarios la mayoría de los soldados.

El Gobierno ha justificado su decisión de imponer la ley marcial, diciendo que la seguridad de Pakistán está amenazada por, «disturbios provocados por agitadores que están destruyendo la paz del pueblo, y porque había fracasado todo intento de arreglo político». La radio gubernamental ha amenazado con el fusilamiento a quienes violen el alto el fuego. Hasta el momento dos personas han sido ejecutadas por este motivo. Según la oposición, trescientas personas han resultado muertas y 1.500 heridas en los incidentes ocurridos después de las elecciones generales. Calcula, tambien, que unos 50.000 seguidores suyos han sido encarcelados desde entonces. Afirma también que la orden de huelga general está siendo efectiva en las ciudades de menor importancia, en las que hay una menor presencia militar, mientras que en las localidades bajó la ley marcial ha tenido poco éxito. Está situación general hace que el comercio exterior y las comunicaciones estén siendo gravemente afectados.