El nuevo caso de espionaje policial agita la vida política alemana

Un diario suizo, el Basler Zeitung, de Basilea, resume acertadamente el nuevo escándalo en torno al ministro del Interior alemán con este título: «Epidemia de chinches». Este fin de semana, todo aquel que se mueve en este país con una cierta responsabilidad política se devana el cerebro para convencer a otros de que ni él, ni su partido, ni el organismo oficial al que pertenece tienen que ver con la escucha de conversaciones entre detenidos y abogados, cuya inviolabilidad garantiza las leyes. La pregunta clave hoy en la República Federal de Alemania es dónde y quiénes han conculcado un derecho fundamental del ciudadano -ciudadano también cuando está en la cárcel- mediante la plicación de miniespías conocidos aquí bajo el nombrede chinches.

El Partido Liberal, al que pertenece el núnistro del Interior, Maihofer, primer responsable de la operación, junto con la cancillería, parece decidido a no crear obstáculos en la coalición gubernamental por causa de este incidente.Ello puede significar, quizá, que el partido aceptaría incluso la entrega de Maihofer como víctima propiciatoria antes de que se vean envueltos en el escándalo desde el canciller hasta la Democracia Cristiana, provocando una desestabilización política desde el poder de graves consecuencias. Es posible que con la dimisión del ministro se apaciguasen los «defensores de los de derechos ciudadanos», nada conformes con la actuación de la policía encargada de defender la Constitución mediante este procedimiento de dudosa calidad legal. Por lo pronto, el Colegio de Abogados considera que el Poder Ejecutivo ha violado las leyes, puesto que la escucha oficial en la prisión de Stuttgart-Stammheim y otros establecimientos penitenciarios no se hajustificado hasta ahora con ningún supuesto «grave peligro» de nuevas acciones del grupo Baadermeinhof, excepción que también contempla el Código Penal. O el Gobierno demuestra a toda prisa que existía una verdadera conspiración de la extrema izquierda contra el país, cosa poco probable, o el poder habrá incurrido en inobservancia de una ley que toca muy de cerca a los derechos fundamentales del individuo.

Con esta intervención policial se ha dotado indirectamente de nuevos impulsos a los sectores de la izquierda marginada: el lunes próximo comenzará una huelga de hambre generalizada en la mayor parte de las cárceles alemanas; y en las calles renacerá la solidaridad con los militantes de las organizaciones tachadas de terroristas, especialmente con aquellos que esperan comparecer ante los tribunales. Los abogados de éstos insisten en que no cabe hablar ya de un proceso serio cuando la policía tiene registradas sus conversaciones, para ventaja del fiscal del Estado. En estas circunstancias, abogados y defendidos han reanudado su campaña para reclamar que cese el aislamiento de los reclusos, situación que, según éstos, «no responde a las garantías mínimas exigidas por la convención de Ginebra para los prisioneros de guerra».

Antes de iniciarse una semana, difícil para el Gobierno federal, algunos políticos apenas si han logrado encontrar su papel en este asunto. Herbert Wehner, jefe de la fracción socialdemócrata en el Parlamento, se ha limitado a decir que se siente «profundamente consternado», y los jefes de la mayoría de los Gobiernos regionales tratan de anticiparse a sospechas diciendo que en sus circunscripciones no se ha controlado a nadie dentro de las cárceles.