El sector pesquero solicita la privatización de los puertos

Los representantes de las pesquerías españolas no desean que los puertos sigan siendo administrados por el Ministerio de Obras Públicas, y aspiran a su privatización, mediante concesiones a entidades idóneas, formadas por usuarios, así como a que desaparezca el canon de las Juntas de Obras del Puerto, que suponen el 2,08 por 100 sobre el valor en primera venta. Este canon significa globalmente más de 1.600 millones de pesetas y sería sustituído por una tarifa según peso y calidad de la especie.En las I Jornadas Nacionales de Marketing en la Pesca, que ayer celebraron su segunda sesión de trabajo, los casi dos centenares de asistentes están tomando acuerdos, para elevar sus peticiones a la Administración, a la vista de los serios problemas que tiene un sector con una producción en primera venta de más de 75.000. millones de pesetas. Precisamente por esta importancia, se pide un tratamiento semejante al de que se da a la gandería y la agricultura, con un marco administrativo de superior rango que la Dirección General de Pesca, con aspiraciones concretas en un Ministerio de Pesquerías, como existe en muchos países.

«Hace cincuenta años -ha dicho en las Jornadas Valentín Paz Andrade, experto de la FAO y cualificado especialista español- la pesca recibía el mismo tratamiento en cuanto a jerarquía administrativa del órgano que marca la política, que en la actualidad. En este medio siglo la producción pesquera se ha multiplicado por cinco».

Como consecuencia de la ponencia presentada por el señor Paz Andrade, se han alcanzado las conclusiones ya señaladas, a las que hay que añadir la solicitud al Gobierno de que emplee los medios audiovisuales de que dispone para mentalizar al público y favorecer el consumo de pescado, como recurso alimenticio con gran riqueza proteínica, que reduciría la demanda de otros productos terrestres.

Al estudiar las conclusiones para la ponencia sobre pesca congelada, que presentó Tomás Rodríguez Zapata, presidente de la Agrupación Nacional de Buques Congeladores, se ha insistido en la consideración de ilegal para la resolución ministerial que el pasado julio fijó los precios comerciales del pescado congelado, resolución recurrida ante el Tribunal Supremo.

El sector, según se ha expresado en las Jornadas, no quiere precios controlados sino libertad de precios para la merluza y los congelados, así como tratamiento no discriminatorio.