El TAD pospone la apertura del expediente a Villar y Sáez

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) decidió en su reunión de este último viernes posponer su decisión sobre la posible apertura de expedientes al presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Ángel María Villar, y al de la de baloncesto (FEB), José Luis Sáez.

Reunidos en Madrid durante casi tres horas, los siete miembros del tribunal acordaron aplazar una semana su decisión para poder estudiar con detenimiento la documentación enviada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y por los encausados. El no haber tenido acceso a la documentación hasta el mismo viernes ha generado esa decisión de aguardar una semana ante la complejidad de ambos casos.

En la documentación aparecen extractos de libros de contabilidad y de transferencias bancarias que, según los miembros del tribunal, necesitan ser estudiadas para no caer en la precipitación de una apertura de expedientes con tan poco tiempo de preparación. También se decidirá la semana que viene qué miembros solicitan la abstención. Uno de ellos lo haría por la posible relación de su despacho con los misteriosos abogados contratados por Villar y que este ha ocultado con celo incluso a algunos de sus empleados más allegados.

A Villar y al vicepresidente ecónomico de la FEF, Juan Padrón, para el que también se ha solicitado que se le incoe expediente, se les imputan presuntos tratos de favor al Recreativo de Huelva y al Marino de Tenerife tras haber ordenado, según fuentes cercanas al caso, maniobras económicas que permitieron al club andaluz poder competir en las temporadas 2014-2015 (Segunda A) y 2015- 2016 (Segunda B) y a la entidad canaria en el curso 2012-2013 (Segunda B)

En el caso de la FEF, el CSD remitió el asunto al TAD por lo que considera un supuesto “agravio comparativo” y un “menoscabo del principio de igualdad de los clubes”. Respecto a la Federación de Baloncesto, el envío del caso del CSD al TAD se hizo tras revisar las alegaciones de los dirigentes federativos a la denuncia del presidente de la Federación Catalana, tras la cual el Consejo estimaba que podía existir una “imputación de gastos particulares a las cuentas de la Federación” y “una incorrecta utilización de los fondos federativos”.