El Congreso decide hoy si avanza hacia la derogación de la protección cultural a la tauromaquia
Una votación en el pleno puede continuar o tumbar definitivamente la tramitación de la iniciativa legislativa popular que plantea retirar a los espectáculos taurinos el estatus de patrimonio


Estas semanas, en la madrileña plaza de Las Ventas, seis toros cada día se ven plantados, de repente, en medio de un estadio, frente a una amenaza mortal, entre gradas repletas de asistentes. Solo los animales sabrán qué se siente. Sin embargo, la propia tauromaquia experimentará este martes una pequeña cata: su destino sale al ruedo del Congreso. El pleno votará, por la tarde, la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone derogar la protección cultural a las corridas de toros. Es decir, cancelar el estatus de la tauromaquia como patrimonio cultural nacional y, por lo tanto, devolver a cada poder autonómico la opción de mantener o vetar sus espectáculos. Un rechazo a la ILP, en cambio, supondría el fin de su recorrido. Y, de paso, un alivio y todo un capote para los festejos taurinos.
“No se trata de prohibir los toros. Planteamos únicamente derogar la ley 18/2013, que reguló la tauromaquia como patrimonio cultural. Nuestra propuesta tiene dos almas: la protección a los animales y la devolución de la competencia a las autonomías”, explica Aïda Gascón, miembro de la Comisión Promotora de la ILP No es mi Cultura. Su movimiento, curiosamente, surgió justo en respuesta a otra iniciativa popular: la que presentó la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña en marzo de 2012 para que la tauromaquia fuera declarada Bien de Interés Cultural (BIC). El entonces Gobierno, del PP de Mariano Rajoy, recogió el guante y sacó adelante un año y medio después una ley que establecía, en su artículo 2, que la tauromaquia “forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional”. Y en el 3: “Los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento”. Eso es lo que pretende cancelar la nueva ILP.

De ahí que 3.000 voluntarios se movilizaran durante meses, recogieran 715.606 firmas ciudadanas —la Junta Electoral Central certificó como válidas 664.777— y fuercen ahora a los diputados a posicionarse. Ha quedado así en evidencia que el principal partido de Gobierno, el PSOE, parece igual de dividido que sus votantes. Ayer, a última hora, una fuente socialista aseguraba que la formación aún estaba decidiendo su postura de cara a la votación.
Muy a favor se ha mostrado el socio minoritario del Ejecutivo. “El futuro es animalista, pero la apoyamos también porque viene de abajo, del impulso popular. Es mucho más importante así que si la hubiéramos presentado nosotros”, resume Nahuel González, diputado de Sumar responsable de este asunto. Las demás formaciones de izquierdas, como Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya o Bildu, también han adelantado su visto bueno.
A la vez, el Partido Popular y la extrema derecha de Vox se opondrán. Son las únicas dos formaciones, junto con los nacionalistas vascos del PNV, que no se reunieron con los impulsores, según Gascón. “Es una ley de censura. Aludiendo a una revisión de las competencias, viene escondiendo la potestad de cada comunidad y municipio para censurar o prohibir la tauromaquia. Para nosotros, es cultura y arte porque tiene un valor patrimonial, material e inmaterial incontestable, y debe seguir contando con ese reconocimiento”, apunta María Soledad Cruz Guzmán García, encargada de expresar la postura del PP.
Cierta incertidumbre rodea también el voto del independentismo catalán conservador de Junts. Resulta, en todo caso, poco probable que las formaciones nacionalistas se opongan de salida a una norma que devuelve competencias a las autonomías. De ahí que las dudas, y los focos, principales miren hacia el PSOE.

Hace unos días, en un debate sobre la ILP en la Comisión de Cultura del Congreso, Marc Lamuà Estañol, portavoz socialista para este tema, afirmó: “La cultura no es un campo de batalla, sino un ágora de encuentro. Simplificar un hecho cultural como la tauromaquia a un acto atendido por casposos o seres de luz es injusto porque distorsiona y polariza”. Tanto la comisión promotora como Sumar interpretaron sus palabras, y posteriores conversaciones, como un respaldo. “No nos esperamos sorpresas”, confiaba ayer Gascón, que participará en una concentración esta tarde ante el Congreso.
Más difícil aún resulta aventurar qué haría el PSOE si se llegara a la encrucijada final. Siempre y cuando, eso sí, suceda: aprobar la toma en consideración supone devolver el texto a la Comisión de Cultura, para el proceso de enmiendas. Una propuesta tan sencilla no auguraría dilaciones hasta llegar a un dictamen, pero el asunto se antoja tan sensible como polarizado, lo que invita a la prudencia. Si prosperara, la ILP regresaría al pleno de los diputados por la puerta grande: para votar sí o no. Y repetir el proceso, en caso de éxito, en el Senado. El año próximo, espera Gascón. Pero el inmovilismo parlamentario y la frágil mayoría de Gobierno amenazan cualquier propuesta de ley. Si la legislatura terminara antes de tiempo, o sin haber afrontado la cuestión, la ILP quedaría en un intento. De las 154 presentadas desde 1984, al fin y al cabo, solo dos fueron avaladas por el Congreso, con modificaciones, y otras dos quedaron incorporadas en otras normas.

La hemeroteca aumenta las dudas. Porque el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun y Sumar, suprimió en 2024 el Premio Nacional de Tauromaquia, que se entregaba desde 2013 con una dotación de 30.000 euros. Y los socialistas se abstuvieron ante la moción que el PP presentó en el Senado para volver a convocar el galardón. “El PSOE aclara, anuncia y determina que no solamente respeta la tauromaquia, sino que, como legalmente se recoge en el ordenamiento jurídico, la vamos a seguir ayudando y manteniendo”, afirmó entonces el senador Alfonso Moscoso. Finalmente, el reconocimiento alternativo nació, impulsado también por Castilla-La Mancha, gobernada por los socialistas. Pero hace algo más de un año el PSOE se opuso a una proposición no de ley del PP en el Congreso para recuperar el premio nacional.
El debate, en todo caso, se antoja mucho más complejo. En la Comisión de Cultura, la semana pasada, salieron a relucir Goya, Lorca, Camarón o Joaquín Sabina. La popular Cruz Guzmán García alude a una “historia milenaria que empieza en las cuevas de Altamira”. A lo que González, de Sumar, responde: “La derecha se ha bunkerizado en la tauromaquia. Buscan a través de esta identidad el orgullo de ser españoles. A nosotros no nos enorgullece, nos avergüenza”. Las cifras dan fe de que solo un 8% de la población acudió a espectáculos taurinos en el último año, según datos oficiales, con más participación masculina y en las franjas de edad de 15-24 años y 45-64. Las estadísticas también señalan que, en una escala de 1 a 10, la tauromaquia interesa entre 5 y 10 a una cuarta parte de la ciudadanía. Sin embargo, un 68,4% le otorga un valor entre 0 y 2.

En cuanto a la actividad, en 2023, última cifra disponible, los festejos bajaron: 1.474 frente a 1.546 en 2022. Aunque superaron los números prepandemia: en 2019 habían sido 1.425. La gran mayoría se concentró entre Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. Las últimas dos afrontan elecciones el año próximo, otro elemento que puede mover la balanza. “Creemos que la tauromaquia no tiene ideología. Más de un 60% de los municipios, de todos los colores políticos, desarrolla festejos”, destaca Cruz Guzmán García. A la vez, crecieron los profesionales del sector en todas las categorías, hasta su cifra más alta en un lustro: matadores, rejoneadores, novilleros, banderilleros o picadores.
Al menos en esto, de alguna manera, coinciden todos. La portavoz del PP subraya que “la tauromaquia tiene un indudable valor medioambiental, en un ecosistema único en el mundo, la dehesa, y representa una cadena de valor imprescindible que empieza en el campo y los ganaderos”. González, de Sumar, expresa comprensión hacia los trabajadores del sector y considera fundamental, incluso en el mundo ideal que él desea, sin tauromaquia, un plan de transición y recolocación laboral como el que aprobó el Congreso de Colombia, al cancelar estos espectáculos. “Ahora mismo están hipersubvencionados. Se podría reutilizar parte de ese dinero”, añade.
Un futuro hipotético, y por ahora remoto. Bastantes incógnitas tiene ya el presente. Gascón sostiene que el Tribunal Constitucional anuló la prohibición de los toros en Cataluña o su modificación en Baleares por la protección que establece la ley que la ILP pide derogar. Y cuando el anterior ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, intentó en 2023 excluir los toros de las actividades en las que podía gastarse el Bono Cultural Joven —los 400 euros que el Gobierno regala a quien cumpla 18 años—, el Supremo le obligó a recular por la misma normativa. Es posible que en unos meses todo eso cambie. O siga igual, y reforzado. “La sociedad está con nosotras”, dice Gascón. Por lo pronto, habrá que ver si lo está el Congreso.
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