Deudas
Nadie puede terminar de contar un fenómeno como 'Ocho apellidos vascos', que acumula dos meses en la cima de la taquilla nacional


Nadie puede terminar de contar un fenómeno como Ocho apellidos vascos, que acumula dos meses en la cima de la taquilla nacional. La magnitud de su convocatoria se asienta sobre muchos detalles conjugados todos a una. La capacidad de una misma película para convocar espectadores de todos los estratos y todas las edades, de distintos intereses y gustos, es un pleno de casino inédito. Pero hay, sin embargo, algunos aspectos colaterales que sería interesante añadir a la celebración. El más interesante es el contable, porque cuando la película alcanza los 50 millones de euros de recaudación, es fácil concluir que solo con el impuesto directo del IVA, sin tener en consideración las retenciones fiscales, la parte de los sueldos de los empleados y las liquidaciones pertinentes por ingresos, el Estado ha recibido de este éxito cinematográfico nada menos que 10,5 millones de euros.
Es una cifra entusiasmante que debería haber sacado a los recaudadores del Gobierno en procesión celebratoria, con champán para todos. Sobre todo tras estudiar a fondo lo que las grandes empresas tecnológicas, desde Apple a Google pasando por Amazon, dejan en impuestos en nuestro país después de pegarse el gran festín. Pero nadie lo hace porque sería indecente. Indecente si uno tiene en cuenta que el fondo para el cine en España se ha reducido hasta la cantidad anual de 32 millones de euros, por lo que al Estado la cuenta le sale redonda, por más que algunos se esfuercen en imponer la idea contraria.
Más allá de manidos tópicos, lo terrible es que el Estado sostiene un retraso de más de tres años sobre las liquidaciones que corresponden a las productoras de cine, causando estragos en pequeñas y medianas empresas. Incapaces de afrontar nuevos proyectos, solo las grandes productoras televisivas poseen colchón financiero para aguantar un ahogo de tanto tiempo y tan demoledor. En la hora de los festejos, conviene recordar al Gobierno que si fue capaz de legislar de manera eficaz para que se redujera la deuda de las Administraciones a empresas y contratistas, sería un buen momento para que se pusiera al día en sus obligaciones con todo un sector que clama en silencio, porque pocos se atreven a levantar la voz.
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