Venecia demandará a Calatrava por las “carencias” del puente de la Constitución

Santiago Calatrava no levanta cabeza. El ayuntamiento de Venecia ha anunciado que pedirá una indemnización al arquitecto por los 464.000 euros que se ha gastado en solventar las carencias del puente de la Constitución. Un nuevo golpe para el arquitecto pocos días después de que la Generalitat Valenciana asegurara que serán él y las empresas constructoras los que paguen los tres millones de euros que costará reparar el Palau de las Arts.

38 denuncias por resbalones de los peatones, falta de acceso a minusválidos y un supuesto sobrecoste de 4 millones de euros, por el que Calatrava tiene otro juicio abierto con el Tribunal de Cuentas de Venecia aplazado hasta el mes de noviembre, pesan sobre el Puente de la Constitución. Los problemas del proyecto han sido resumidos por dos profesores de la Universidad Politécnica de Turín en un informe para el juez del Tribunal de Venecia Francesco Spaccasassi.

En concreto, los dos expertos concluyeron que hay tres gastos inesperados con los que cargó el Ayuntamiento de Venecia y que se pueden atribuir directamente al arquitecto valenciano: 70.000 euros por desarrollar los diseños de la construcción, ya que hubo que "completar el proyecto en los aspectos en los que aparecía insuficiente"; 210.000 euros por el aumento del espesor de las repisas de las secciones del puente y 183.000 para aumentar el diámetro del tubo del arco inferior de la estructura. 

El estudio de la Universidad Politécnica es el quinto sobre el puente de la discordia en sus cinco años de vida. Además de la pelea a tres bandas, entre Calatrava, el Tribunal de Cuentas de la región del Veneto y ahora Venecia, la estructura es objeto también de una denuncia de la empresa constructora, Cignoni, que pide al Ayuntamiento una indemnización de 10 millones de euros por "daños" debidos a los retrasos en la edificación del puente.

Por su parte, Calatrava presentó un recurso ante el Tribunal Supremo afirmando que se le contrató como colaborador y no como supervisor de la construcción. Si los jueces lo confirman, el juicio ante el Tribunal de Cuentas por los sobrecostes quedaría anulado y solo podría continuar en otras instancias. El tribunal le pidió al arquitecto 1.078.000 euros por "un objetivo y desconsiderado aumento de los costes respecto a los gastos presupuestado".

El proyecto estuvo envuelto en la polémica durante toda su construcción. Sobre todo por su precio, que se infló de los 3,8 millones previstos hasta los 11,2 que costó finalmente.