Los miembros de la ‘Comisión Sinde’ seguirán siendo secretos

Los miembros de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI), básicamente el equipo de personas que decide sobre qué sitios web debe aplicarse la Ley Sinde y considerarse ilegales, son secretos. La Secretaría de Estado de Cultura, según el abogado David Bravo, se ampara en la Ley Orgánica de Protección de Datos para no revelarlos, un argumento polémico, puesto que los nombres de los integrantes de las comisiones públicas suelen ser conocidos. Entre otras cosas, para que puedan ser recusados si se hallase algún interés personal en el proceso sobre el que deciden.

Al parecer, Bravo llevaba meses reclamando esos nombres al ser el representante legal de varios afectados por la Ley Sinde. “Todos los escritos que que reciben vienen sin nombre y sin firma. La forma de suscribirlos es misteriosa e inquietante, y se limita a un parco: “La secretaria de la Comisión”, denuncia Bravo en su blog. Tras varias peticiones, recibió los nombres, pero la secretaría de Estado de Cultura le advirtió sobre la ilegalidad de hacerlos públicos. Si lo hace, se expone a ser sancionado.

Cultura considera que los nombres pueden facilitarse a las partes implicadas, pero no para que se hagan públicos indiscriminadamente. No parece descabellado pensar que si se revelaran, los integrantes de dicha comisión podrían ser víctimas de amenazas o ciberataques, como ya ha sucedido con otros nombres implicados en el diseño de la Ley Sinde, incluida la propia exministra. Pero también es cierto que un gran número de cargos públicos, entre ellos jueces, ha estado expuesto a situaciones todavía más delicadas y nunca se ha ocultado su nombre.

Para Paloma Llaneza, abogada experta en asuntos de propiedad intelectual e Internet, no está nada claro que Cultura esté obrando de acuerdo al procedimiento habitual. "Es un interesante debate. Entiendo que uno no pueda pedir el listado de trabajadores de una empresa, eso está protegido por la ley orgánica de datos personales. Pero son miembros de unos órganos de naturaleza pública. Son cargos, y de toda la vida los nombres de los cargos se han publicado en el BOE. Teniendo en cuenta que son miembros de una comisión y tienen que tener una cierta representatividad, debería estudiarse. Siempre que se ha nombrado a un cargo público, los datos de esas personas se han conocido", señala Llaneza.