Denunciado ante Bruselas el sistema alternativo al ‘canon’

Entidades de gestión de derechos de autor (entre las que se encuentra la SGAE) han presentado una denuncia en Bruselas por la modificación llevada a cabo por el Gobierno del PP en diciembre de 2011 del llamado canon digital (el sistema de compensación por copia privada), según un comunicado firmado por la mayoría de las organizaciones de este tipo que existen en España. Con el nuevo modelo, se pasó de un sistema en el que el canon gravaba la compra de aparatos capaces de efectuar copias privadas, tales como móviles, reproductores de mp3 o fotocopiadoras, a un régimen de canon universal, en el que esa compensación a las entidades se hacía con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

“El nuevo sistema no sirve para compensar a los titulares. Beneficia injustamente a las empresas tecnológicas, que sí están obligadas a pagarlo en otros 22 países de la Unión Europea (el resto de los que admiten la copia privada) y perjudica a los contribuyentes al fijar el canon a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Este sistema es más indiscriminado que el anterior al recaer el pago de la copia privada sobre todos los españoles compren o no equipos para reproducir obras protegidas”, señala la nota.

Además las entidades de gestión indican que el nuevo sistema genera los siguientes problemas: “España incumple la directiva europea. Afecta al mercado interior y a la competencia en el mercado único. Es un sistema excepcional y diferente al resto de los países europeos”.

Estas organizaciones recuerdan que no se ha esperado a las conclusiones del mediador nombrado por la Comisión Europea a principios de este año, cuya misión es armonizar tarifas y soportes de aplicación del canon en los países europeos.

Siete meses de parón

“Tras siete meses desde la eliminación del sistema anterior, no se ha definido la alternativa al sistema sustituido dejando de remunerar a los titulares de derechos, lo que prohíbe expresamente la directiva europea. Las entidades de gestión consideran que la actuación a golpe de Decreto Ley sin contar con los titulares de derechos perjudica gravemente el desarrollo del sector cultural, sector que constituye cerca de un 4% del PIB”, concluye la nota.