Sasa Braun, agente de la Interpol: “El comercio de carbono se ha convertido en un blanco fácil para el crimen organizado”

Viaja por el planeta, colabora con fuerzas policiales locales y se enfrenta a redes criminales con un impacto ecológico global. No es descabellado considerar a Sasa Braun (Bochum, Alemania, 55 años) como el James Bond del medio ambiente. Así fue presentado el pasado 3 de junio durante el Austrian World Summit, el congreso anual sobre el clima organizado en Viena por el actor y exgobernador de California Arnold Schwarzenegger, bajo el lema “Unidos en la acción-acabar con la contaminación”. Tras 30 años como investigador en la policía alemana y una carrera dedicada al crimen organizado transnacional, Braun lleva ahora ocho como oficial superior de inteligencia criminal en delitos ambientales de Interpol. Este organismo los clasifica en cinco grandes áreas: delitos forestales, pesqueros, minería ilegal, los relacionados con la contaminación y aquellos contra la vida silvestre. “Puedo asegurar que están infiltrados por el crimen organizado, incluso por el terrorismo. Asamos nuestras salchichas con carbón que podría estar fabricado por [los grupos terroristas] Al-Shabaab o Boko Haram”, advirtió el experto durante su intervención.

Especializado en contaminación y minería ilegal, ha coordinado operaciones internacionales contra el tráfico de residuos tóxicos o la extracción y comercio ilícitos de minerales críticos. Por ejemplo, durante una en Nigeria contra la minería ilegal y el tráfico de mercurio, fue testigo de su impacto devastador: comunidades enteras expuestas a entornos envenenados y trabajadores forzados que necesitan anestesiarse con tramadol, como relataba justo antes de entrevistarse con EL PAÍS. “Es la esclavitud moderna. Personas que trabajan por uno o dos dólares al día, que mueren, que están contaminadas con mercurio o cianuro y luego son dopadas con analgésicos potentes. Es una tragedia”.

Pregunta. ¿Cómo se relaciona la actividad criminal con el medio ambiente?

Respuesta. El crimen ambiental es el tercer sector criminal más lucrativo del mundo, solo por detrás de los productos falsificados y el narcotráfico. Además, crece a un ritmo del 7% anual, y ni siquiera sabemos hasta dónde llega la madriguera porque muchos delitos ni se cuantifican. Por ejemplo, la minería ilegal de arena, que apenas se menciona, genera unos 300.000 millones de dólares al año, según estimaciones de la policía federal de Brasil. Existen grupos del crimen organizado, delitos corporativos, intermediarios privados… tantos actores criminales involucrados que cuesta creerlo.

P. ¿Por qué se empezó a interesar por asuntos ambientales?

R. Porque trabajé durante muchos años en crimen organizado, que es como un pulpo que no deja de desarrollarse y se ha ido extendiendo hacia estos crímenes. Ahora, sus mercancías son los recursos naturales y están devastando el planeta. Me fascinaba ver cómo ha pasado de traficar con drogas o personas, a hacerlo mediante la minería ilícita o la extracción ilegal de oro o arena. En especial, el crimen contra la vida silvestre y el forestal han crecido de forma sigilosa y desapercibida, con enormes beneficios y muy poco riesgo, ya que la respuesta policial es todavía muy limitada. La investigación sobre este ámbito criminal necesita desarrollarse de forma urgente y decidida.

P. ¿Por qué es la respuesta limitada?

R. Muchos países aún no entienden el valor de proteger el medio ambiente y no lo priorizan, como tampoco la lucha contra el crimen ambiental. Y en los que sí lo intentan, muchas veces las fuerzas del orden están abandonadas: no hay recursos económicos, y faltan formación y conocimientos para investigar estos delitos. Ese desinterés se explica por tres factores: falta de conciencia, falta de recursos económicos, y corrupción. En muchos casos hemos visto representantes gubernamentales implicados con el crimen organizado. Si están beneficiándose de estos delitos, es evidente que no van a luchar contra ellos.

P. ¿Cómo describiría su trabajo?

R. Como muy diverso, hay muchísimo que aprender. Entre los delitos relacionados con la contaminación podrías escribir un libro sobre cada fenómeno que observas. No se trata solo del tráfico de residuos, como los vertidos ilegales en vertederos, sino también de la contaminación marina, el desguace ilegal de barcos, delitos relacionados con combustibles, tráfico ilegal de neumáticos, gases fluorados (que contribuyen al cambio climático), fraudes con certificados de carbono…

P. ¿Cómo apoya Interpol a las autoridades nacionales?

R. Organizamos operaciones globales como “30 días de acción” [la mayor operación internacional contra el tráfico ilegal de residuos, con 43 países implicados]. Tratamos de cubrir todos los frentes, pero la responsabilidad de actuar recae en los Estados. Interpol actúa como un centro de apoyo y coordinación. Ofrecemos formación, apoyo operativo, extracción de datos, acompañamiento en terreno y fomentamos el intercambio de inteligencia. También impulsamos plataformas de cooperación entre agencias, uniendo a policías, aduanas, autoridades ambientales, gobiernos, sector privado y ONG investigadoras.

P. ¿Cómo afrontan la posible reticencia de las autoridades nacionales a compartir inteligencia?

R. Interpol cuenta con un sistema seguro para intercambiar información llamado I-24/7, al que tienen acceso todos los países miembros. Sin embargo, existen diferencias políticas y niveles de confianza entre países. Nuestro papel es actuar como puente, facilitamos el intercambio de datos operativos entre regiones que normalmente no cooperarían, como Europa y el sudeste asiático, o entre países africanos y latinoamericanos. Pasa incluso entre países europeos. Organizamos reuniones de coordinación de casos para que los investigadores de distintos continentes trabajen juntos y comprendan toda la cadena delictiva: desde el país de origen, el de tránsito, hasta el de destino. Nuestro objetivo es conectar esos puntos y mejorar los intercambios cara a cara.

P. Ha hablado del fraude en los mercados de carbono, ¿en qué consiste?

R. El comercio de carbono nació como una buena idea, reducir emisiones mediante la compraventa de permisos de contaminación o inversiones en proyectos climáticos, como la reforestación. Pero en la práctica, se ha convertido en un blanco fácil para el crimen organizado, como muestra el documental The Carbon Crooks [“los estafadores del carbono”]. Aprovechando la falta de regulación, proliferan los proyectos falsos, la evasión fiscal y los certificados sin valor. Algunas empresas compran permisos sin reducir realmente sus emisiones. Es un sistema aún inmaduro, donde a menudo prima el beneficio económico sobre el impacto climático. Interpol colabora con agencias nacionales e internacionales para mejorar el intercambio de inteligencia y reforzar la supervisión y trazabilidad del sistema.

P. ¿Qué magnitud tienen la minería y el tráfico ilegal de arena?

R. La minería ilegal de arena es un desastre ambiental enorme. Alrededor del 80% de la arena que se comercializa en el mundo tiene origen desconocido. En países que no le prestan atención, se roba arena de ríos y costas —no del desierto, porque esa no sirve para hacer cemento u hormigón— y se usa en grandes proyectos de construcción, especialmente en Oriente Medio o el sudeste asiático. He visto en Gambia camiones transportando toneladas de arena, como en una película de ciencia ficción, destruyendo áreas enteras, secando cauces, cambiando su curso, y provocando pérdidas enormes de biodiversidad. Cuando se excava profundo, el agua se acelera, arrastra peces, las casas cercanas a la costa colapsan… Las ganancias son enormes para quienes abastecen las obras, pero el daño lo sufren comunidades pobres en Centroamérica, África Occidental o el Mekong. Se levantan rascacielos en una parte del mundo mientras se hunden las casas de los más vulnerables en otra, y nadie se fija en esto. Tampoco hay respuesta legal, porque en muchos países ni siquiera se considera un delito: no hay legislación, no hay investigaciones. Si traficas con cocaína está claro, pero si lo haces con arena, a nadie le importa, aunque el impacto es devastador entre los más pobres de los pobres.

P. ¿Existen otros crímenes medioambientales invisibilizados?

R. Los relacionados con la contaminación. Los países ricos exportan su basura a países pobres, donde la corrupción permite esta práctica. Los beneficios acaban en manos de élites políticas en lugar de destinarse al bien común o a la sostenibilidad. Es una situación injusta que debe cambiar.

P. ¿Cuál es el gran reto que afrontamos?

R. Necesitamos un enfoque común que vaya más allá de las fuerzas de seguridad. La aplicación de la ley debe ir de la mano del sector privado y de las instituciones gubernamentales. Hace falta que la industria piense no solo en beneficios. Junto con los gobiernos, deben financiar tecnologías sostenibles, ya que muchas soluciones existentes no se promueven porque no son rentables, como producir plástico nuevo, que todavía es mucho más barato que reciclarlo. La cooperación debería superar incluso las fronteras políticas. No puede ser que un país reduzca emisiones mientras otros atraen empresas ofreciendo condiciones más laxas, lo que genera deslocalización y desempleo. Eso así no funciona, solo hay un planeta o no hay planeta.