Banderas negras contra la privatización de la costa: el caso de la isla viguesa de Toralla

“Disculpe, no puede pasar. Esto es propiedad privada”. La frase, palabra arriba, palabra abajo, se repite a diario desde hace décadas en boca de los guardas de seguridad que custodian la garita de entrada de la isla de Toralla (Vigo, Pontevedra). Así se frena todo deseo de recorrer la isla más inaccesible y exclusiva de la costa gallega: aunque la urbanización es privada, su perímetro tiene que ser accesible al público tanto por la Ley de Costas como por una sentencia del Supremo de 1997. No se cumple. Transición Ecológica tiene previsto abrir una senda pública de kilómetro y medio y seis metros de anchura en la isla, aunque por ahora sigue cerrada. Es uno de los ejemplos que muestra el informe Banderas negras que ha presentado este martes Ecologistas en Acción y que este año pone el foco especialmente en zonas costeras donde se privatiza el espacio público por parte de particulares adinerados y por la sobreexplotación turística.

El informe analiza los aproximadamente 8.000 kilómetros del litoral del país y ha elegido 48 puntos concretos, dos por provincia y dos por cada ciudad autónoma. Así, denuncian un caso de contaminación y otro de mala gestión ambiental en cada uno de estos lugares aunque podrían ser muchos más. “A pesar de tratarse de actuaciones ilegales, muchas veces algunas Administraciones no hacen cumplir la Ley de Costas. Es el caso de la bandera negra a los propietarios de la urbanización privada en la isla de Toralla, en Vigo, que consideran que toda la isla es de su propiedad y, con el consentimiento institucional, niegan el libre acceso tanto al litoral como al interior de la isla”, señala el documento.

Ese entorno cuenta con dos pequeños arenales situados a los pies del puente, en la misma entrada de esta isla situada a 400 metros de la costa y que fue del Obispado de Tui hasta que —con la Desamortización— pasó a manos particulares. Revendida varias veces, en 1965 los dueños de este terreno de unas 10 hectáreas, rodeado de agua, crearon Toralla S.A., la sociedad que urbanizaría la isla virgen. Solo los ciudadanos que nacieron antes de los años 70 recuerdan la imagen de Toralla sin la descomunal torre de 136 apartamentos (y 70 metros de altura) que a continuación se construyó, visible desde incontables puntos en el paisaje de la ría de Vigo. El inmueble permitía rentabilizar al máximo el espacio, y el resto de la superficie de la isla se dividiría en 34 parcelas para chalés unifamiliares.

Tras la sentencia del Supremo, los vigueses pueden atravesar el puente y bañarse en las dos playas de la isla, pero no pasear por su perímetro. La Ley de Costas se incumple en Toralla desde que entró en vigor hace 37 años. La isla sigue siendo un lugar desconocido y vetado, reservado para entre 700 y 1.000 residentes que ocupan el edificio y los chalés cuando llega el buen tiempo (aunque solo hay 149 censados). Esto, a pesar de las históricas reivindicaciones de entusiastas políticos locales, como el ya fallecido concejal Antonio Nieto Figueroa Leri, o de actos de protesta como el que acabó llevando al juzgado a 10 ecologistas que quisieron invadir en 2009 la isla. Ese mismo año, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, que dirigía la gallega Elena Espinosa, anunció que estaba llevando a cabo el deslinde de Toralla y que se verían afectadas parcelas y piscinas construidas al borde de las rocas. Pero después del revuelo, la vida siguió apacible en la isla.

No obstante, en noviembre de 2024, el Ministerio de Transición Ecológica adjudicó la redacción del proyecto de ejecución de un paseo litoral alrededor de Toralla. El encargo, a través de la Dirección General de Costa, está ahora en manos de una empresa de A Coruña, que cuenta con 18.124 euros y medio año, a punto de expirar, para redactar el plan por el que, si se hace realidad y con la cerrada oposición de los residentes en la isla, se abrirá una senda pública de kilómetro y medio y seis metros de anchura. A vista de pájaro, la única forma en que de momento puede recorrerse Toralla, el paseo público podría afectar a una quincena de parcelas alargadas hasta donde el mar ya no las deja crecer más y a media docena de piscinas.

Una de las banderas negras más destacada de este año por apropiación del espacio público marítimo-terrestre es la otorgada al matrimonio formado por Alberto Nuñez Feijóo y Eva Cárdenas, por ocupación de espacio público en la playa de O Con, costa de Tirán, en el municipio de Moaña. “Con el muro que tienen en la playa impiden el acceso a la propia playa, salvo cuando hay marea baja. Tanto la casa como las obras están ocupando terrenos públicos. Lo fundamental de este caso es que quien está incumpliendo la ley es el presidente del PP y expresidente de la Xunta de Galicia, ha señalado este martes Cristóbal López Pazo, miembro del Área de Medio Marino de Ecologistas en Acción y uno de los redactores del trabajo. Una formación, ha recordado, que está intentando reformar la ley de costas en el Congreso.

Chiringuitos con sótano en Andalucía

El texto recoge muchos otros casos. En algunos de ellos, la ONG denuncia que es el propio Estado quien privatiza encubiertamente un espacio público y otorga concesiones a empresas privadas para usos mercantiles que restringen el libre acceso a la población. El informe relata varios de los casos de este tipo que se repiten en toda la costa, como por ejemplo: Isla Pancha (Ribadeo), donde además se hace un uso indebido del espacio, ya que este pertenece a la Red Natura 2000; en los aparcamientos que invaden el Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada, (Cantabria); o con los chiringuitos en Andalucía que, lejos de ser instalaciones temporales, cada vez invaden más el espacio público, construyendo incluso sótanos y privatizando el uso de un espacio que es y debe ser público.

Por otro lado, la sobreexplotación turística, con sus resorts de lujo e instalaciones de ocio exclusivas, está detrás de muchas de las usurpaciones de espacio público y suele ser señalado, año tras año, en el informe Banderas negras. Este año repite en las Islas Canarias la denuncia por la construcción del Hotel RIU Palace Tres Islas en las dunas de Corralejo, en La Oliva (Fuerteventura).

La costa andaluza es, asimismo, objeto de apropiación indebida, con ejemplos como: la bandera negra Costa de Trafalgar en la provincia de Cádiz; el crecimiento urbanístico en zonas inundables con destrucción de hábitats en el humedal del Salar de los Canos (Almería); o la presión urbanística en la playa tarifeña de Los Lances.

Cataluña, la costa más urbanizada

Si hablamos de territorios, Cataluña es donde hay más presión urbanística en el litoral. “La costa de Cataluña es la más urbanizada del territorio, el 40% está ya urbanizado. Los hoteles se aprovechan de las zonas protegidas como reclamo turístico, pero ese paraje se ve afectado por el propio hotel”, ha comentado López Pazo. La comunidad catalana anunció que pondría en marcha un Conservatorio del Litoral, que toma el ejemplo de Francia, y que comprará terrenos para salvarlos de la urbanización. A pesar de ello, los pocos espacios naturales que quedan son objeto de proyectos mercantiles, como el pinar de la playa de La Farella o la parte final del río Rec d’en Feliu (ambos en Girona).

Por último, el informe también pone el foco en el crecimiento urbanístico en zonas inundables, como ocurre con la nueva ley valenciana, y critica que se estén otorgando banderas azules a todas las playas afectadas por los residuos de la dana sin realizar análisis de residuos. “Es una irresponsabilidad hacerlo antes de que haya resultados analíticos sobre el estado de arenales y lecho marino que han recibido residuos y sustancias contaminantes durante meses”, ha explicado el ecologista.