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Héctor Barros, fiscal: “Es poco creíble que solo Diosdado Cabello sea el autor intelectual del homicidio de Ronald Ojeda”

El persecutor explora la posibilidad de solicitar una declaración a Nicolás Maduro, en EE UU, por el crimen del exmilitar refugiado en Chile. “Tenemos a un Estado [Venezuela] operando a través de una organización criminal que es el Tren de Aragua”, dice

Héctor Barros Vásquez

El caso del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno, un refugiado político secuestrado y asesinado en Santiago en 2024, ha reflotado en Chile después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en un ataque de Estados Unidos en Caracas, el sábado de madrugada. El fiscal Héctor Barros Vásquez (Linares, 57 años), coordinador del Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Región Metropolitana (ECOH), está a cargo de la investigación de este crimen ejecutado por el Tren de Aragua y ha abierto la posibilidad de obtener una declaración del líder chavista. Le permitiría avanzar en la tesis de que el homicidio del exmilitar fue encargado en Venezuela.

En una entrevista con EL PAÍS, Barros insiste en que los testimonios reservados, evidencias y otras pruebas apuntan que Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, negoció con la organización criminal, incluso realizando pagos, para que cometieran el rapto y la muerte de Ojeda, un activo opositor de Maduro a quien se le involucra en un plan fallido para derrocar al Gobierno chavista en 2023. “Me parece poco creíble que solo él [Cabello] sea el autor intelectual del homicidio de Ronald Ojeda”, afirma en su oficina en Santiago.

La dificultad de esta causa penal, que finalizó su fase de investigación en diciembre de 2025, fue que los fiscales chilenos se encontraron con un muro casi infranqueable para obtener información en Venezuela sobre presuntos involucrados en el crimen, especialmente de los que están prófugos, dice Barros. De acuerdo con el fiscal, esta ausencia de cooperación ha impedido seguir “indagando en la arista política” del caso. En cambio, casi todos los autores materiales ya están identificados y muchos imputados.

El disidente, de 32 años, fue secuestrado por sujetos disfrazados de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile la madrugada del 21 de febrero de 2024. Estaba en su casa con su esposa e hijo pequeño cuando fue sacado, en ropa interior, de su departamento en el municipio de Independencia. Nunca pidieron rescate por él, utilizaron varios vehículos para trasladarlo a una vivienda de una barriada informal de la comuna de Maipú, donde fue torturado y asesinado en menos de 72 horas de su rapto, según los informes forenses. Su cuerpo solo fue hallado 10 días después de su desaparición, en una maleta sepultada bajo cemento. “Ronald Ojeda siempre fue un problema para el Gobierno venezolano”, comenta Barros.

En 2017, el exteniente del ejército estuvo preso por los delitos de rebelión y traición a la patria en la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado de Miranda, a 29 kilómetros de Caracas, desde donde huyó para instalarse en Perú y luego, por sentirse perseguido –indicaron sus familiares–, se asentaron en Chile, obteniendo el estatus de refugiados políticos. “Él siguió muy activo en las redes sociales y conectado con otros grupos opositores, al extremo de que por segunda vez, en diciembre de 2023, nuevamente viajó hasta Venezuela con la finalidad de organizar un segundo intento golpista junto al capitán Anyelo Heredia”, recuerda. Heredia fue detenido y Ojeda, lesionado, pudo fugarse y viajar desde Cúcuta, en Colombia, hasta Chile. Solo estuvo dos meses con vida.

Pregunta. ¿Por qué sospecha de otras autoridades como autores intelectuales del crimen de Ojeda?

Respuesta. Es muy difícil que una sola persona en un Gobierno, muy centralizado y personalizado en el presidente, tome la decisión de pedirle al Tren de Aragua que opere y cometa este delito en Chile. Siempre intervienen otras personas. También necesitamos recabar una mayor cantidad de antecedentes para, en algún momento, solicitar una extradición o formalizar a otros personajes que pudiesen estar involucrados en la autoría intelectual. Eso dependerá del futuro de Venezuela.

P. Además de testimonios, revelados en un reportaje de Ciper, ¿qué otros antecedentes apuntan a Cabello?

R. Desconozco los antecedentes aparecidos en ese medio, pero tengo la impresión de que no son todos. Nuestros antecedentes van dando cuenta de que el encargo (del crimen) lo hizo el Gobierno venezolano a través de Diosdado Cabello.

P. ¿Cuál fue el interés en asesinar a este opositor?

R. El interés es político. Había una organización por parte del Gobierno venezolano para secuestrar y dar muerte, o incluso repatriar, a ciertos opositores en otros países. Esa información fue obtenida de manera informal, se fue recibiendo durante la investigación (judicial).

P. ¿Se quería dar una señal a otros?

R. Ronald fue muy activo en redes sociales, muy estudioso de la realidad política de Venezuela, que intentó con otros exmilitares dos golpes de Estado que tendrían ciertas alianzas con militares activos en ese momento.

P. Usted decía que una dificultad en la investigación fiscal era la falta de cooperación de Venezuela. ¿Cree que eso cambie tras la captura de Maduro?

R. No lo sabemos. Cuando ocurren estos movimientos o se agitan las aguas de esta manera siempre hay oportunidades que se abren. Eso es importante porque podríamos avanzar en la arista relacionada con los autores intelectuales, aquellos por los que actúa el Tren de Aragua. Insistiremos a través de distintas vías. En la situación que está Maduro ahora (detenido) en Estados Unidos, veremos la posibilidad de tomarle alguna declaración. También insistiremos con la Corte Penal Internacional.

P. Chile había aportado antecedentes al expediente Venezuela 1 en la CPI. ¿Qué pasó con eso?

R. Les solicitaremos cooperación, porque pueden surgir antecedentes en esa investigación de la Corte Penal Internacional que nos puedan ayudar. La otra línea es Colombia, uno de los países que más coopera y un aliado en esta investigación. Allí están pendientes tres procesos de extradición por la causa de Ojeda. Esas extradiciones estarían otorgadas por la Corte Suprema y a la espera de la firma y autorización del presidente de la República (Gustavo Petro). Es el último trámite que debería otorgarse.

P. ¿Qué interés tenía el FBI en el caso de Ojeda?

R. El interés que desata esta investigación es que nos ha permitido entrar en el corazón de la alianza entre un Gobierno y una organización criminal: el Tren de Aragua. Eso abre otros mundos como, por ejemplo, los delitos que van cometiendo las organizaciones criminales en coordinación con el Gobierno de Venezuela. Y ahí aparece el Cartel de los Soles, el tráfico de drogas. En nuestra investigación también aparece este cartel, algunos miembros de relevancia (para el FBI). El intercambio de información es muy relevante a esta altura, porque si vamos a combatir el crimen organizado no podemos hacerlo dentro de cada frontera.

P. ¿Aportarán información a Estados Unidos?

R. Sí, tenemos una serie de diligencias que nos parecen necesarias realizar lo antes posibles. Lo conversamos con el fiscal nacional. Requerimos pasar a otro nivel.

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Sobre la firma

Maolis Castro
Es periodista de EL PAÍS en Chile desde 2024, antes estuvo en el medio económico Bloomberg Línea. Trabajó para EL PAÍS desde Venezuela entre 2016 y 2019. También estuvo en el portal de periodismo de investigación Armando.info y El Nacional. Ha colaborado para medios como Pulso (Chile), The Wall Street Journal y ABC (España).
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