El Estado de las cosas

Hubo una situación que pasó algo inadvertida durante el último Encuentro Nacional de la Empresa, Enade 2025 Verba et facta: el reproche que deslizó a los asistentes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien dijo que en Chile existe un doble estándar entre lo que las empresas piden a la autoridad en sus reuniones de lobby y lo que reclaman los empresarios y sus dirigentes en los espacios públicos, como la propia Enade. Mientras en privado, dijo, las empresas piden un Estado con músculo, en la esfera pública reclaman un Estado menos presente, con menos regulaciones y menos impuestos. Y, a renglón seguido, preguntó ¿qué tipo de Estado necesitan ustedes?

Como era previsible, no hubo respuesta de la audiencia. Sin embargo, se podría decir que en un lapso de 24 horas parte de la respuesta a la inquietud ministerial se hizo pública. En efecto, en el propio escenario de Enade una estelar contralora General de la República, Dorothy Pérez, al ilustrar el rol que cumple esa entidad repasó sin eufemismos una larga lista de abusos, faltas a la probidad y malos usos de los recursos públicos que la Contraloría detecta regularmente. Y, al día siguiente, en el Senado de la República, los integrantes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) dieron la otra parte de la respuesta, al reiterar que el país aún sigue en la peligrosa senda del incumplimiento de las metas fiscales y al filo de cruzar la frontera de lo prudente en materia de deuda pública.

Es muy probable que la pregunta del ministro no apuntara en estas direcciones, pero no es menos cierto que una respuesta integral a su provocación discursiva debe pasar necesariamente por considerar estas dimensiones.

Cuando la contralora desnuda, como lo ha estado haciendo, el abuso que se ha detectado en el sector público de las licencias médicas, la desidia con que algunos funcionarios municipales incumplen leyes, como la que sanciona a los deudores de pensión de alimentos y las faltas a la probidad que suponen los privilegios con que algunos funcionarios son favorecidos a la hora de acceder a los servicios del Estado, el mensaje implícito es que aún hay mucho espacio para avanzar hacia un mejor Estado y ejercicio de las funciones públicas.

Más aún, cuando en su presentación la contralora dijo que estos hallazgos la Contraloría los ha tenido que hacer con unos recursos que relativamente decrecen respecto de la evolución del gasto público, en una dinámica un tanto viciosa para el bien del país, en que el fiscalizado (que abarca más de 2.400 reparticiones y unidades de una frondosa malla estatal) tiene propensión a escatimar recursos al fiscalizador.

De igual forma, y sólo 24 horas después de Enade, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su informe semestral ante el Senado que en esta oportunidad se presentó en plena discusión de la Ley de Presupuestos, refrendó sus alertas sobre la evolución del gasto público, poniendo números a escenarios de riesgo que podrían comprometer tan pronto como en 2027 el límite prudencial de 45% de la deuda pública, y con afirmaciones severas como que no se observan avances en la dirección de cumplir las metas fiscales comprometidas, con lo que se proyecta para los años 2025 y 2026 la seguidilla de incumplimientos que ya se arrastran por demasiado tiempo.

Si a estos antecedentes se suman otros que emanan de las propias instituciones del Estado, como la constatación por parte del sistema de Monitoreo de Programas Público en cuanto a que, por ejemplo, en 2024 cerca de 45% de los programas estatales no cumplió con los estándares de eficiencia, se termina por configurar una respuesta clara a la pregunta del ministro Grau respecto de qué tipo de Estado necesita el país.

Sin embargo, y para ser justos, es importante señalar que existe una base institucional para ver con optimismo que se puede tener un mejor Estado, uno con músculo, ágil y eficiente. Una Contraloría General de la República (que en 2027 cumple 100 años) que siga haciendo bien la pega [trabajo], que cuente con suficientes recursos y sea bien dirigida, ya es una buena base; así como lo es el seguir teniendo un CFA empoderado y libre de presiones políticas y que pueda seguir delimitando una senda saludable tanto a la definición como a la ejecución del gasto público.

Esas entidades y otras, como la regla fiscal de balance estructural (pero una que se cumpla rigurosamente, sin caer en laxitudes); y la correcta implementación de las instituciones que se siguen construyendo, como el Servicio Nacional de Auditoría Interna del estado (que defiende la contralora y cuya ley ya fue aprobada) y la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad (que aún se debate), son buenas noticias que podrían permitir que el necesario debate sobre el rol del Estado se haga en la certeza de que cada peso que se destina a financiarlo permita obtener un mayor retorno social.