Afectados por la Sagrada Familia recurren el plan especial y la licencia a los tribunales

Afectados por las obras de la Sagrada Familia de Barcelona presentarán este viernes dos recursos contra los planes de expansión del templo. Uno de ellos será contra el plan especial urbanístico ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior y el segundo se interpone contra la licencia que expidió el Ayuntamiento de Barcelona ante el juzgado de lo contencioso. Cuando ambas instancias se pronuncien, en el sentido de aceptarlos a trámite o no, los afectados fundamentarán unas demandas que persiguen que se paralicen las obras que pueden afectar a los residentes del frente de la calle de Mallorca hasta la calle de Aragó.

Los afectados han confiado estas acciones judiciales a Ramón García Bragado, abogado y ex concejal de Urbanismo del consistorio barcelonés. García Bragado, a título personal, ya presentó alegaciones contra el plan en su día por considerar que no hay justificación para los planes del templo que pretende extender la obra creando una rambla de acceso por encima de la calle de Mallorca, lo que supondría la expropiación de fincas y afectaría a unas 3.000 personas. Otro de los especialistas que asesorará a los demandantes es el arquitecto Jordi Rogent , ex responsable de Patrimonio del consistorio barcelonés. Además de las obras en sí, las acciones judiciales plantearán la legitimidad del proyecto de los actuales responsables del Patronato que sostienen que están siguiendo el proyecyo "original" de Gaudí, algo que un dictamen del Colegio de Arquitectos desmintió hace décadas, en otro de los episodios polémicos de las obras, en la década de los setenta.

La Asociación de Afectados por la Construcción de la Sagrada Familia se constituyó el pasado seis de junio y en ella, de momento, se han agrupado un centenar de personas que viven entre la calle de Mallorca y Aragó, justo frente a la fachada de la Glòria del templo. Residentes del inmueble de Núñez y Navarro y otros de bloques de viviendas que podrían caer bajo la piqueta de la calle de Valencia y Aragó, además de negocios, han decidido dar un paso más para intentar frenar los planes del Patronato de la Sagrada Familia que ha contado con el plácet de Ada Colau al conceder la licencia de obras y aprobar el plan urbanístico. Un paso más en las acciones que se emprendieron dentro de la Asociación de Vecinos de la Sagrada Familia. “Nosotros nos vemos directamente afectados y por eso queremos emprender las acciones judiciales que hagan falta”, ha explicado a este diario Salvador Barroso, una de las voces de la asociación que se acaba de constituir y que espera a tener más asociados.

Las acciones judiciales se emprenden en este momento porque hasta que no se ha aprobado el plan especial y se ha otorgado una licencia de obras -por la que el templo debe satisfacer 4.6 millones de euros al consistorio- podía recurrir algo que formalmente no existía: “Hasta ahora las obras del templo avanzaban sin un plan que reflejara el proyecto arquitectónico y, por tanto, no se podía impugnar”, ha apuntado García Bragado a este periódico. El plan prevé, además de la conclusión de las obras propiamente de la basílica, la construcción de un voladizo por la calle de Mallorca que, de facto, es la primera pieza necesaria para la expansión de las obras por esa calle que pondrían en peligro decenas de viviendas y negocios. Esa parte de las obras es la que los afectados quieren que no se ejecuten.