El juzgado bloquea las cuentas de los altos cargos investigados por el ‘procés’

El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum del 1 de octubre, ha iniciado ya el embargo de bienes sobre 17 procesados por delitos de malversación. La juez impuso a todos ellos una fianza conjunta de 5,8 millones de euros. Solo han consignado 3,7 millones, que fueron recaudados a través de la caja de solidaridad. Fuentes de las defensas han explicado que algunos de sus clientes han constatado que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas.

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Entre los procesados obligados a aportar fianza solidaria están el secretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; el exsecretario general de Presidencia Joaquim Nin; el director de Comunicación, Jaume Clotet; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta; el exdirector de Diplocat Albert Royo; el exdirector de la Delegación de la Generalitat ante la UE Amadeu Altafaj, y la exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía Natàlia Garriga. También el exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrías; el exsecretario general de la Conselleria de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament de la Generalitat, Aleix Villatoro, y la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, entre otros.

La letrada de la Administración de Justicia certificó el 13 de mayo que quedaba "pendiente afianzar la cantidad de 2.135.768,06 euros" por parte de 17 de los 30 procesados a los que se les impuso la fianza. En una diligencia de ordenación, la letrada confirmó que los procesados habían consignado 3.667.220,81 euros, indicando que faltaban 2,1 millones, por lo que daba cuenta a la juez para proceder a lo establecido en el auto de procesamiento del 4 de abril en materia de responsabilidad civil, procediendo al embargo de bienes.

Los 17 procesados sobre los que pesaba fianza alegaron al juzgado que los 2,1 millones restantes ya estaban consignados en la cuenta judicial del Tribunal Supremo a raíz del juicio al proceso soberanista y que "responden a las futuribles responsabilidades civiles devengadas por idénticos hechos ventilados en ambos procedimientos", según un escrito.

La letrada del juzgado, sin embargo, lo rechazó al considerar que esta cantidad está "depositada a favor de personas distintas de los procesados del presente procedimiento, en un procedimiento distinto", ante un órgano judicial distinto y respecto de unos hechos que ninguna resolución judicial firme ha declarado coincidentes.