Uber y Cabify dicen que el decreto del Govern dejará en el paro a 3.500 conductores

La patronal de las empresas que gestionan licencias de coche de alquiler con conductor, las llamadas VTC, anunció ayer martes que sus empresas dejarán de prestar servicios en Barcelona tras el acuerdo del Govern y el Área Metropolitana de Barcelona para limitar los servicios de VTC. Este miércoles, las dos empresas principales del sector, Uber y Cabify, mantienen la amenaza, aunque siguen dispuestas a seguir negociando con el Govern. Si la Generalitat saca adelante su decreto, que obligará a reservar un VTC con 15 minutos de antelación ampliables a una hora en Barcelona, esto obligará a cerrar, dicen estas compañías. Y alertan: dejará en el paro a más de 3.500 conductores. Además, afirman que pedirán una compensación patrimonial de más de 1.000 millones a la Generalitat.

La directora de regulación de Cabify en España, Marta Plana, aseguró ayer a última hora que las empresas cerrarán, obligadas por el decreto catalán. Más tarde, en un breve comunicado, Cabify matizaba que todavía no había tomado ninguna decisión. Este miércoles, en un acto en Madrid, los responsables de esta empresa han asegurado que no se creen que el Govern vaya a aprobar una regulación como esta, y que descartan poner fin a su actividad en Barcelona a no ser que la Generalitat les "expulse". Lejos de querer acabar con su actividad, Cabify ha presentado en Madrid un plan estratégico según el cual integrará a los taxistas de España en su plataforma a partir de este mismo año.

Por su parte, Uber, que tiene una presencia menor en la capital catalana, ha asegurado en un comunicado que "si finalmente se aprueban las restricciones a la VTC anunciadas ayer por la Generalitat, no podremos seguir prestando nuestro servicio de UberX en Barcelona. Seguimos a disposición del Govern para trabajar en una regulación justa para todos, que tenga en cuenta a los miles de conductores y usuarios de la VTC en Cataluña".

Las dos empresas han criticado el trato que, a su juicio, han recibido por parte de la Generalitat estos días. "La reunión con los taxistas duró cuatro horas, la reunión con los representantes de Unauto-VTC duró apenas 30 minutos", ha dicho un responsable de Cabify, en referencia a los encuentros que mantuvo ayer el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet.

Tanto Uber como Cabify han insistido en su voluntad de seguir operando en Barcelona y de ofrecer "una alternativa" a la movilidad para los usuarios. De verse obligados a cerrar, solo quedaría una opción, según las compañías: emprender demandas para reclamar compensaciones patrimoniales. Los propietarios de VTC calculan que pueden reclamar una compensación de más de 1.000 millones a la Generalitat, ya que el Real Decreto Ley en el que se basa el Govern para hacer su normativa incluye una moratoria de cuatro años para que estas empresas sigan operando. Al cambiar las condiciones de la operación e imponer un margen de antelación para precontratar los servicios, las empresas entienden que pueden pedir una compensación.

En Cataluña hay 2.418 licencias de VTC, y más de 2.200 circulan por Barcelona. El consejero Calvet explicó ayer que todavía quedan 1.900 licencias de este tipo para otorgar, pendientes de resoluciones judiciales. Mientras que Cabify sí tiene licencias VTC en propiedad, Uber recuerda que su plataforma no es propietaria de las licencias, sino que es una plataforma que trabaja con propietarios de licencias autónomos o con empresas que gestionan paquetes de licencias y emplean a conductores.