El veto de camiones en Tarragona y Lleida afecta a 4.000 vehículos al día

Las asociaciones de transportistas han acordado recurrir ante la justicia la prohibición que impide circular a los vehículos pesados por las carreteras N-340, en Tarragona, y N-240, en Lleida. La medida, acordada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Servei Català del Trànsit (SCT), entró en vigor el primer fin de semana de septiembre y afecta diariamente a 4.000 camiones de cuatro o más ejes, según cálculos del sector. Los camioneros han anunciado una marcha lenta de protesta coincidiendo con la operación salida del próximo puente del 12 de octubre.

A través de un comunicado difundido por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, los camioneros cargan contra una regulación que tachan de "discriminatoria". Critican la obligatoriedad que tienen los camiones de desviarse a las autopistas de peaje, AP-7 y AP-2, "frente a su carácter voluntario para el resto de vehículos". Las autoridades de tráfico justifican el veto de camiones en la alta siniestralidad registrada, tanto la N-340 como la N-240. Optaron por copiar la medida que impera en la N-II en Girona donde, desde que se desviaron a los camiones por la autopista en 2013, la mortalidad por accidente ha caído un 80%.

Los transportistas critican que se les señale como un riesgo potencial sobre el asfalto. Es una atribución “injusta” y “populista”, dicen, y niegan que se ajuste "en modo alguno" a la realidad. Según datos que dicen haber sacado de las estadísticas de la DGT, son los vehículos de transporte de mercancías: "La única categoría de vehículos que ha visto reducir su siniestralidad en 2017".

Los camioneros tampoco están de acuerdo con la bonificación que reciben —se ahorran casi la mitad del peaje— y reclaman que, ya que se les desvía por obligación a la autopista, la tarifa aun debería ser más reducida o, incluso, completamente gratis.

El mantenimiento de las autopistas

En este sentido, la Confederación Empresarial de Tarragona (Cepta) pone en entredicho el buen mantenimiento de las autopistas AP-7 y AP-2 cuando acaben las concesiones actuales, entre los años 2019 y el 2021. Según la patronal tarraconense, a razón de 80.000 euros por kilómetro, el Ministerio de Fomento tendrá que asumir unos 13,6 millones de euros anuales para mantener los 170 kilómetros de autopista que pasan por la demarcación de Tarragona y que revertirán en el Estado. El gabinete de estudios de la Cepta alerta sobre una posible mayor presión fiscal para los ciudadanos ya que los recursos para mantener las autopistas en buenas condiciones tendrán que salir de los presupuestos generales del Estado.