El ‘top manta’, un problema sin solución y un arma arrojadiza

El pasado 8 de agosto, la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona reprobó a Colau al frente del Consistorio. PDeCAt, Ciudadanos, ERC, PSC y PP se unieron de nuevo contra BComú. Solo dos partidos de la oposición han gobernado la ciudad. El PSC, desde la restauración de la democracia hasta 2011, y CiU (ahora PDeCAT) entre 2011 y 2015. Ambas formaciones toparon con el problema del top manta que ahora echan en cara a Colau.

Semanas antes de que comenzara la campaña de Navidad de 2003, y con Joan Clos en la alcaldía, el entonces concejal de seguridad, Jordi Hereu, se comprometió a destinar medio centenar de agentes de la Guardia Urbana a controlar la venta ambulante ilegal. Un fenómeno que iba con toda claridad en aumento. Según las estadísticas del propio Consistorio, en el 2000 la Guardia Urbana había realizado 19.159 intervenciones; en 2001, 22.703 y en 2002, 25.124.

En agosto de 2010, con Hereu ya como alcalde, el fenómeno de la venta ilegal seguía creciendo y el socialista defendía la acción policial como principal aliado para luchar contra los manteros. “Estamos a favor del estricto cumplimiento de la legalidad y por ello intensificaremos la lucha policial, siempre lo hemos hecho así”, aseguraba Hereu. Pese a ello, el discurso del primer edil comenzaba a tener peros: “A pesar de todo, este es un fenómeno que nunca se consigue erradicar del todo”, se justificaba. En 2007, la Guardia urbana interpuso 32.913 denuncias por venta ambulante; en 2008, 39.442, en 2009, 54.020, en 2010 fueron 60.964 y en 2011, 66.107.

En junio de 2011, Xavier Trias llegó a la alcaldía en plena crisis del PSC y prometiendo, entre otros, acabar con el top manta que se había cronificado en las calles. Las denuncias fueron creciendo, pero también los enfrentamientos entre agentes de la Guardia Urbana y vendedores ilegales. En agosto de 2014, el convergente admitía: “Controlar esta venta es difícil”. Pese a ello, prometió ser constante para hacer llegar un mensaje a los manteros: “No les queremos aquí”. Ante los enfrentamientos entre agentes y vendedores ilegales, el alcalde convergente aseguró que eran hechos “inadmisibles”, defendió a los agentes de la Urbana y anunció que actuaría, ante cualquier agresión de los manteros, “con toda contundencia”. En 2012 los agentes realizaron 69.974 denuncias, en 2013, 74.172, en 2014, 75.237 y en 2015, 63.193.

Colau llega al Consistorio en mayo de 2015 en plena crisis, como cada verano, de la venta ilegal. Fue entonces cuando se encargó al intendente mayor de la Urbana, Evelio Vázquez, diseñar un protocolo que prohibía a los agentes acceder al interior del metro persiguiendo a manteros para no ponerles en riesgo. El documento recomendaba contactar con los Mossos si una intervención se convertía en un problema de orden público. El protocolo apostaba por desgastar las zonas con patrullajes continuos. Cuando las directrices políticas de los Mossos apostaron por apoyar la lucha contra la venta ilegal el protocolo funcionó en algunos puntos. Crearon mesas con el resto de administraciones e intentaron trabajar de forma coordinada. De hecho, no solo se actuó policialmente, En 2016 la Urbana interpuso la cifra récord de 79.255 multas. El año pasado fueron 63.971.

El gobierno de Ada Colau ha diseñado planes de trabajo y financiado una cooperativa que ha dado, en total, trabajo a 69 vendedores. El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, sostiene que el problema del top manta “pasa por permitir, más allá de las restricciones absurdas de la normativa de extranjería, que las personas que están en la calle puedan trabajar de forma legal”.