Absuelto el alcalde de Abegondo de prevaricación y condenado su antecesor

El juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña ha condenado al exalcalde de Abegondo Juan José Rocha a ocho años de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o empleo público relacionado con la construcción por delito continuado contra la ordenación del territorio. También se le ha impuesto una multa de 10 euros diarios durante 22 meses (unos 6.600 euros). En el juicio fueron juzgados el actual regidor y exconselleiro de Manuel Fraga, José Santiso Miramontes (PP), y otros cinco ediles populares de la actual corporación, pero todos ellos han salido absueltos, según la sentencia recogida por Europa Press.

La causa partió de una querella de la fiscalía por prevaricación urbanística presentada en 2008 contra dos gobiernos municipales del PP en Abegondo liderados por Santiso y Rocha, dos políticos que llegaron a estar enfrentados. Rocha se presentó en las municipales de 2007 como independiente, tras dejar el Partido Popular cuando eligió a Santiso Miramontes como candidato a la Alcaldía. En 2009, fue desalojado del bastón de mando a través de una moción de censura presentada por su antiguos compañeros de filas y con el actual regidor a la cabeza. Las actuaciones juzgadas se remontan a principios de los años 2000.

El tribunal sí ha condenado a uno de los arquitectos, Antonio C.N., a dos años de prisión y otros diez de inhabilitación para cargo o empleo público relacionado con el urbanismo. Otro técnico, Manuel C.M., ha sido penado con la inhabilitación durante ocho meses y la misma multa que el exalcalde. El fallo judicial también condena a otra arquitecta, Cristina B.L., a inhabilitación especial para ejercicio de todo empleo público o cargo relacionado con la construcción durante siete años, seis meses y un día, junto con una multa de 18 meses a razón de 5 euros diarios (unos 2.700 euros).

La sentencia declara, asimismo, la "ilegalidad" de todas las licencias que se abordaron en este procedimiento penal, de manera que se abre el procedimiento, previa audiencia de los propietarios, para el derribo de los inmuebles o la reposición de la legalidad. Con todo, aclara que, toda vez que Antonio C.N. ya participó en el procedimiento y tuvo ocasión de defender la legalidad de su vivienda, el juzgado ordena al condenado a derribar, por cuenta propia, su casa.