La Fiscalía pide 48 años para el asesino de dos agentes rurales en Aspa

La Fiscalía pide 48 años y 4 meses de cárcel para el cazador que confesó haber matado a tiros a dos agentes rurales, de 43 y 39 años, en el coto de caza Aspa (Segrià) al que acusa de dos delitos de asesinato con alevosía y de tenencia ilícita de armas.

En su escrito de acusación el Ministerio Público reclama por cada uno de los delitos de asesinato, concurriendo la circunstancia de confesión 23 años y 8 meses de prisión y otro año más por tenencia ilícita de armas y pide también un año de prisión para el propietario de la escopeta.

La Generalitat, por su parte, reclama 20 años de cárcel por cada uno de los asesinatos, un sindicato de agentes rurales 25 y las familias suman una petición de 51, según la abogada del cazador que presentará en breve su escrito de defensa.

El cazador, de 30 años y vecino de Vacarisses (Vallès Occidental), disparó a los agentes rurales el 21 de enero dos tiros a una distancia de entre 3 y 6 metros y acto seguido cuando ya estaban en el suelo se aproximó a ellos y volvió a dispararles, según relata el escrito del fiscal.

Ambos agentes murieron por los disparos. Uno de los agentes los recibió primero en la muñeca derecha y zona mandibular y en el cuello. El otro, directamente en el pecho y en la zona parietal posterior derecha, según relata la Fiscalía. El ministerio público añade que el arma utilizada por el acusado estaba preparada para disparar únicamente tres cartuchos "de forma que para disparar el cuarto, el acusado recargó el arma".

El acusado, que está en prisión preventiva desde el día de los asesinatos, le comunicó a uno de sus compañeros que había disparado a los agentes y los cazadores le propusieron que avisara a los Mossos y lo hizo. Cuenta el escrito de Fiscalía que los agentes se acercaron al cazador y le pidieron que descargara el arma y que el joven para evitar ser identificado sin la licencia de armas y con un arma de la que no era titular se giró hacia ellos "y les disparó con la intención de acabar con su vida".

La Fiscalía sostiene que el acusado, "en cuanto que cazador experimentado, conocía que los agentes rurales realizaban su trabajo sin portar armas, careciendo de capacidad de respuesta ante una agresión con arma de fuego".