Colau dice que el bono social del Estado no protegerá al 60% de los pobres energéticos

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró ayer que el bono social del Gobierno español, un sistema de descuentos de la factura eléctrica para familias vulnerables "realizado de espaldas a los municipios y entidades, con una gran deslealtad institucional", dejará sin protección al 60% de las personas que actualmente son atendidas por el consistorio por pobreza energética. Lo explicó la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que detalló el resultado de dos estudios encargados por el Ayuntamiento y aseguró que estudian impugnar el decreto "por si puede generar indefensión para dar respuesta al principio de precaución". Este principio impide a las empresas cortar el suministro sin antes tener información sobre la situación de las familias.

El primer estudio al que se refirió la concejal, de carácter jurídico, asegura que la ley catalana sobre la pobreza energética (la 24/2015) "sigue plenamente vigente en Cataluña aunque se haya aprobado el Real Decreto que regula el bono social". Ortiz dio mucha importancia a esta vigencia, porque la ley catalana es más proteccionista con las familias con pocos recursos, porque impide a las empresas cortar los suministros, bajo el riesgo de ser sancionadas si los Ayuntamientos confirman que las familias no pueden pagar.

La concejal afirmó que otro estudio encargado al Instituto Municipal de Servicios Sociales ha analiado qué impacto tendría el bono social en la ciudad si no se aplicara la ley 24/2015. El resultado es que de las 10.000 personas atendidas, en el 60% de los casos no se evitarían los cortes de suministro, porque quedarían desprotegidas del principio de precaución. Y el 43% quedarían fuera de la protección del bono social (que aplica descuentos en la factura de la luz el agua o el gas del 25% o 50%, en función de la vulnerabilidad de cada familia). Según Ortiz, con la normativa del bono social del Gobierno, solo se evitaría el 37% de los cortes de luz.

La teniente de alcalde también afirmó que el estudio indica que el coste que la desprotección tendría para Barcelona sería de 500.000 euros, "porque el decreto no prevé fuentes de financiación". "Han hecho un real decreto que deja fuera a la mitad de la población vulnerable y sin fondos", lamentó.

Por otra parte, y mientras el decreto estatal está en periodo de transitoriedad (hasta el próximo mes de abril), el Ayuntamiento de Barcelona ha creado un grupo de trabajo con empresas suministradoras para abordar los meses de invierno. En este sentido, Ortiz celebró que Endesa, que tiene el 90% del mercado, se ha comprometido a no cortar la luz a nadie en Barcelona por motivos económicos. "Es un primer paso, pero la manera de actuar definitiva es con convenios que tenemos que acordar para convivir con las dos leyes, de forma que todos interpretemos igual y que las suministradoras no deleguen en los ayuntamientos la información a los consumidores sobre las ayudas".