La auditoría confirma facturas falsas en el Organismo de Informática municipal

La auditoría sobre el Organismo de Informática Municipal (IAM) encargada por el Ayuntamiento de Madrid tras destaparse un caso de cuentas paralelas en la agencia confirma la existencia de facturas y albaranes falsos, además de "bolsas" de dinero destinadas a equipos informáticos no entregados. Según la auditoría y el análisis de la Intervención General, a los que ha accedido EL PAÍS, gran parte de los documentos analizados en los contratos de material investigados son "falsos". El informe habla de "irregularidades". El Consistorio, que destituyó al subdirector, ha entregado el estudio a la Fiscalía Provincial.

Una denuncia anónima destapó el año pasado un caso de presuntas facturas falsas y cuentas paralelas en el IAM relacionadas con la compra de material informático jamás entregado. Después de que este diario revelara el caso, el Consistorio reconoció que a principios de diciembre había comenzado a investigar el asunto y vinculó los hechos a solo tres contratos firmados en 2016 (por un valor de más de dos millones de euros). El gobierno municipal de Manuela Carmena admitió, no obstante, la existencia de "indicios de corrupción" y entregó la investigación a la Fiscalía, que pidió al gobierno local encargar una auditoría externa para arrojar luz sobre lo ocurrido.

Este documento confirma ahora todas las sospechas y demuestra que las "irregularidades detectadas" se refieren a los últimos cinco años, pero que en 2016 se dispararon. La auditoría habla de "considerable incremento" a partir de este año de las partidas sospechosas (que pasan de 60.000 euros a hasta dos millones), abonadas por los dirigentes del IAM. Los responsables del organismo autónomo de informática abonaban presuntamente dinero a una gran empresa tecnológica y otras subcontratadas emitiendo facturas falsas de entregas de materiales fantasmas.

Las operaciones y los pagos se anotaban en unos archivos Excel donde se registraban las "bolsas" de dinero paralelo. Las instalaciones jamás recibieron esos dispositivos destinados a conexiones wifi, cableado a la Red y material de comunicación. Cuando trascendió el caso, el Ayuntamiento destituyó al subdirector del organismo, pero mantuvo al gerente nombrado por el gobierno de Carmena, que dejó el cargo hace pocas semanas, oficialmente por razones personales.

Los responsables de la auditoría mencionan también lugares donde el IAM tenían que colocar los dispositivos adquiridos, pero en los que se detectaron "anomalías". Estos son, por ejemplo, el edificio donde se ubica el Área de Equidad (paseo de la Chopera, 41) y la sede de la Dirección General de la Policía Municipal (avenida de Principal, 6).

El Ayuntamiento anuló finalmente los tres contratos firmados en 2016 y que estaban vinculados a las cuentas paralelas y cuyo montante era cercano a los dos millones. Esto hace que la auditoría no cuantifique esta última cantidad y reduzca a 65.000 euros el dinero que efectivamente ha desaparecido. No obstante, los autores del informe reconocen las dificultades que han tenido para llevar a cabo una investigación completa sobre los 45 millones de euros que manejó esta empresa municipal en los últimos años. Por ejemplo, señalan en su informe la imposibilidad de verificar materialmente muchas instalaciones. Un hecho que, en su opinión, "limita una inspección fiable en una auditoría como esta, con medios personales y tiempo limitado".

Todo este material está ahora en las manos de la Fiscalía Provincial, explica el Ayuntamiento. Una portavoz del gobierno local asegura que el ejecutivo ha llevado a cabo "las reformas necesarias para que no haya espacio para malas praxis". "Hemos tomado todas las medidas organizativas necesarias para que no vuelva a ocurrir nada parecido", agregó.

Será el fiscal quien tenga que decidir si abrir una investigación sobre la base de la documentación presentada. En ese caso, y tratándose de contratos firmados en 2016 (es decir, un año después de la llegada a la alcaldía de Manuela Carmena), la fiscalía podría citar a declarar al exgerente del organismo para averiguar su grado de responsabilidad en el caso.