La Generalitat contrata a 400 técnicos para la Renta Garantizada de Ciudadanía

La Renta Garantizada de Ciudadanía, la prestación aprobada por unanimidad en el Parlament el pasado julio a raíz de las 120.000 firmas de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), empezará a desplegarse a partir del próximo viernes. Aunque la ley que permite implantar la ayuda no cuenta todavía con un reglamento propio, el Departamento de Trabajo, Bienestar y Asuntos Sociales de la Generalitat ya ha iniciado la campaña informativa para llegar "al máximo de beneficiarios posible".

La consejera Dolors Bassa ha anunciado este martes la contratación de 403 técnicos y personal de atención al usuario ante la previsión de una avalancha de solicitudes. "El 80% de los nuevos técnicos ya está trabajando, con contratos de tres años", ha detallado la titular del Departamento de Asuntos Sociales.

Desde el pasado jueves, cuando empezó la campaña, ya se han tramitado 2.900 peticiones, y 500 familias tienen ya cita previa para presentar los requisitos y optar a la prestación. El Departamento prevé que, en tres años, la Renta Garantizada de Ciudadanía cubra las necesidades de 68.000 hogares catalanes. El presupuesto para el primer año es de 270 millones de euros, 70 millones más que los destinados para ayudas en 2016.

Los destinatarios de esta campaña informativa son los ciudadanos que tienen unos ingresos inferiores a 564 euros al mes, el 80% del Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña. De entrada, 28.000 familias que ya cobran la Renta Mínima pasarán, sin necesidad de hacer ningún trámite, a percibir los 564 euros por persona de la nueva prestación, que se ampliará hasta llegar a 664 euros en 2020.

Ayudas compatibles

Podrán solicitar la prestación aquellos ciudadanos que tengan más de 23 años, cobren menos de 564 euros al mes, no trabajen y hayan residido los dos últimos años en Cataluña. Además, también podrán pedirla familias monoparentales que tengan un empleo a tiempo parcial de menos de 639 euros al mes.

La nueva prestación es compatible con la gran mayoría de las ayudas, ya que los solicitantes pueden pedir un complemento a las pensiones o prestaciones estatales que no lleguen al límite de los 564 euros al mes. La ayuda está sujeta a un compromiso de seguir un plan de inserción laboral. "Nuestro objetivo es que los receptores se inserten en el mundo laboral lo antes posible", ha declarado Bassa.