Los refugiados podrán acceder a la renta garantizada catalana

El redactado final de la ley de la renta garantizada de ciudadanía incluye el derecho de los refugiados a recibir la ayuda, cuyo importe inicial será de 564 euros. El texto alude al estatuto del refugiado de la Convención de Ginebra y fija como plazo mínimo un año de empadronamiento en Cataluña para que las personas que se encuentren en esta situación puedan acceder al programa. Los grupos parlamentarios han finalizado este martes de cerrar el redactado de la norma, que irá a uno de los plenos de julio.

La Convención de Ginebra establece que “los refugiados deberían recibir al menos la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otro extranjero que sea residente”. Según un borrador de la ley al que ha tenido acceso este diario, los ingresos económicos que han recibido los refugiados dentro de los programas de atención no se tendrán en cuenta para evaluar el acceso a la renta garantizada.

Los refugiados también tendrán que cumplir con el requisito de residencia legal, continuada y efectiva en Cataluña para poder acceder a la ayuda. Según el mismo documento, esto se podrá acreditar mediante el empadronamiento por un periodo mínimo de un año. Como regla general, la residencia legal que se solicita es de 24 meses, si bien hay algunas excepciones.

Los grupos parlamentarios lograron imponer ante Junts pel Sí el compromiso de mantener el silencio positivo a la hora de otorgar la ayuda. En la votación del pleno la coalición de Gobierno seguramente se abstendrá en este punto e insistirá en otro de los puntos que desencuentro entre los promotores y el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales: subir hasta los ocho meses el tiempo de tramitación de las solicitudes el lugar de cuatro meses. Los grupos han pactado dar un margen en los primeros dos meses para evitar colapsos y extender el plazo hasta los cinco meses.

La CUP y el PSC también mantendrán algunas enmiendas hasta la votación final. Los socialistas quieren que haya una comisión de seguimiento con las entidades municipalistas para que los ayuntamiento puedan expresar sus necesidades técnicas y presupuestariias ante la puesta en marcha de la renta garantizada, que comenzará el 15 de septiembre.